En los próximos días el Consejo de Defensa del Estado (CDE) deberá definir si se querellará en contra de todos quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas en la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
Así lo consigna un artículo periodístico de El Mercurio De Santiago, el que además afirma que la fiscal Giovanna Herrera, de la jurisdicción metropolitana Centro Norte, remitió los antecedentes de la investigación al CDE con el fin de llegar a una resolución respecto de si esta entidad, presidida por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y secundada por los ediles de Puente Alto, Germán Codina (vicepresidente), y de Valparaíso, Jorge Sharp (tesorero), incurrió en algún ilícito.
“De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo de Defensa de Estado y por verse afectado el patrimonio fiscal, informo a usted que en esta unidad se sigue la investigación identificada con el RUC de la referencia, por el delito de fraude al fisco, remitiendo a Ud. los antecedentes reunidos, para los fines correspondientes”, dice el documento al que tuvo acceso “El Mercurio”.
Herrera solicitó al CDE que “se informe a la brevedad si deciden intervenir en la causa”, adjuntando además el informe de la Contraloría General de la República que realizó una auditoría para “verificar si dicha entidad mantiene procedimientos de control para velar por el debido resguardo de los recursos públicos disponibles, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2021”.
Equipamiento médico
Este medio de comunicación agrega que «el documento, de 161 páginas, pone en entredicho la legalidad de convenios por más de $ 613 millones con las municipalidades de Recoleta y Paillaco y el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) para la adquisición y asignación de equipamiento médico para las personas con discapacidad. Se compraron, por ejemplo, camas clínicas»
Lo que se cuestiona es que esto se hiciera “fuera del sistema de compras públicas por parte de municipios que cuentan con Departamento de Salud”.
Hay otras objeciones por contratos inconclusos con la Universidad de Concepción para la fabricación del cuestionado medicamento Interferón. Achifarp le transfirió a la casa de estudio $ 25 millones entre el 25 de julio de 2020 y el 4 de mayo de 2021, pero quedó una deuda de $ 215 millones.
La nota de El Mercurio revela que «los municipios de Recoleta y Macul adquirieron 180 mil dosis de Interferón por $ 10 millones. Este medicamento sería utilizado para combatir el covid-19, pero el Ministerio de Salud (Minsal) y el Instituto de Salud Pública (ISP) no aprobaban su utilización. Se comprobó, además, que hay casi 1.300 dosis de Interferón almacenadas en la Municipalidad de Recoleta».
Los otros cuestionamientos son a la falta de respaldos de la información financiera de los años 2019 y 2020.
“No fue posible verificar si los recursos que administra —la Achifarp— se utilizan en el cumplimiento de sus finalidades; establecer la regularidad de sus operaciones; ni verificar si dicha entidad mantiene procedimientos de control para velar por el debido resguardo de los recursos disponibles”, dice el informe de la Contraloría, por lo cual envió los antecedentes al Ministerio Público, que inició la investigación.
Tampoco se entregaron las conciliaciones bancarias, sus antecedentes de respaldo, “el auxiliar del libro de banco para la cuenta corriente que administra, ni el libro de compra y venta de los años 2019, 2020 y 2021, el procedimiento de contabilización del pago de cuotas sociales, ni sus inventarios valorizados”.
Cohecho y estafa
En paralelo, dice El Mercurio, la fiscal indaga el delito de estafa que denunció la empresa Best Quality Products SpA, importadora de productos de China a la que se le adeudarían $ 1.292 millones por mascarillas N95, guantes y termómetros, vendidos en el contexto de la pandemia, situación que tendría a la firma al borde de la quiebra.
Sobre ello, Achifarp ha dicho que son “acusaciones falsas” y que la firma tiene un “problema de duplicidad de facturas”.
«A lo que se suma la indagación por cohecho a Jadue, como alcalde de Recoleta, por pagos y donaciones. Un vendedor de la firma querellante declaró en la causa que un empleado de Achifarp le habría pedido dinero y que el jefe comunal, que preside la entidad, una donación en productos por $ 20 millones, que habrían sido entregados a su partido, el PC», cierra.
