Un mecanismo permanente, expedito y efectivo son las claves del proyecto de ley sobre responsabilidad parental y pago de pensiones de alimentos, que recientemente fue despachado en particular por la Comisión Especial de Mujer y Equidad de Género y ahora deberá ser visado, en lo pertinente, por la Comisión de Hacienda, que está citada mañana para abordar la materia.
Con esto se “ayuda a aquellos niños, niñas y adolescentes, y a sus madres en realidad, que eran las verdaderas investigadoras privadas en materia de solicitar y judicializar los procedimientos para poder exigir el pago de la deuda de pensiones de alimentos. (…) Es una buena noticia, se avanza, es un proyecto que quedó sumamente fortalecido”, sentenció la senadora Claudia Pascual, presidenta de la instancia especializada.
“Aquí se aliviana la carga a las mujeres, se pide a los tribunales que hagan ese aporte en un trabajo con el sistema de interconexión del Poder Judicial, pero además también hay un trabajo de coordinación con la Comisión del Mercado Financiero (CMF). (…) Hace una búsqueda bien detallada en materia de los instrumentos bancarios, financieros o de inversión del deudor y da la última chace de poder recurrir a los fondos de las administradoras de fondos de pensiones”, agregó la legisladora.
“Esto no va en contra de quien no tiene recursos, esto va en contra de quienes lo están ocultando o buscando cualquier subterfugio para no pagar a tiempo”, recalcó.
En la misma línea, la senadora Paulina Núñez destacó que “estamos frente a una ley que ha avanzado transversal y rápidamente y se hace cargo de un dolor que hoy tienen miles de mujeres, de familias y niños y niñas. No estamos hablando de una política pública o de un proyecto de ley ideologizado, politizado, sino que estamos hablando de responder, a través de nuestro trabajo legislativo, a una necesidad que es urgente, real y necesaria”.
La senadora recordó el alto porcentaje de pensiones impagas en nuestro país, en el que “sobre el 70% de las deudas son de personas y familias vulnerables, por lo tanto, no da lo mismo si se cumple o no con esta obligación”.
Alguna claves del proyecto
El proyecto está acompañado de un informe financiero, con más de 840 millones al Poder Judicial para el reforzamiento del personal y para que opere el sistema de mejor manera interconectado y de oficio.
La ley entrará en vigencia 6 meses después de la completa entrada en vigencia del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
