Una demanda civil por indemnización de perjuicios fue presentada ante el Juzgado Civil de Santiago en contra de Aguas Pacífico SpA, IDE Chile SpA, Servicios de Ingeniería DSP Ltda. y empresas del grupo Galil, acusándolas de responsabilidad contractual, extracontractual y solidaria por los daños financieros y personales sufridos por un subcontratista que participó en obras del proyecto industrial ubicado en la comuna de Puchuncaví.
El demandante, Waldo Héctor Sánchez Román, ingeniero constructor, ejecutó trabajos de rotura y reposición de pavimentos en la Planta Desanom, tramo Ruta F-188, obras que fueron debidamente ejecutadas, recepcionadas y aprobadas técnicamente, emitiéndose la Factura N°1433 por un monto de $118.523.166. Sin embargo, el pago nunca se concretó.
La factura emitida fue factorizada con Tanner Servicios Financieros en septiembre de 2025, con el compromiso que la empresa asumiría los costos financieros de esa operación. De acuerdo con la demanda, aquello no ocurrió y, tras sucesivas prórrogas impagas durante octubre, noviembre y diciembre, el 29 de diciembre de 2025 Tanner notificó que procedería a publicar al profesional en el Boletín Comercial (DICOM).
Para evitar caer en el sistema de morosidad comercial, el ingeniero debió realizar un pago con recursos personales y familiares equivalente al 10% del capital de la factura, más intereses y gastos acumulados, desembolsando $11.852.317, lo cual a la fecha tampoco no ha sido restituida por ninguna de las empresas involucradas en el proyecto.
La demanda sostiene que las obras ejecutadas forman parte del activo patrimonial del proyecto de Aguas Pacífico y la Planta Desalinizadora, trabajos que benefician directamente tanto a la sanitaria como al megaproyecto.
“Aquí no estamos frente a un simple no pago entre privados, sino ante una situación donde un empresario local termina financiando con su propio patrimonio una obra que hoy forma parte de un megaproyecto industrial. La ley y la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema son claras en señalar que nadie puede enriquecerse a costa del empobrecimiento injusto de otro”, sentenció el abogado patrocinante de la demanda, Alejandro Chaparro.
El escrito judicial también expone que la falta de pago no obedecería a una insolvencia fortuita, sino a un conflicto interno entre IDE y el grupo Galil, que habría impedido cursar órdenes de cambio y liberar un estado de pago aprobado técnicamente desde noviembre de 2025, lo cual afectó gravemente a la cadena de subcontratación.
Además del daño emergente por los montos desembolsados al factoring, la demanda solicita $30 millones por daño moral, argumentando meses de presión financiera, cobranza, angustia y afectación al prestigio profesional del ingeniero, quien debió responder personalmente por obligaciones derivadas de un megaproyecto industrial. La acción busca que el tribunal declare la responsabilidad solidaria de todas las empresas demandadas, incluyendo a Aguas Pacífico, por su rol como beneficiaria final del proyecto y por la falta de control en la cadena de pagos a subcontratistas.
