Hay una cifra que debería quitar el sueño a cualquier trabajador con sueldo mínimo: $553.560. Es lo que, según un análisis de la Biblioteca del Congreso, podría dejar de pagarse en horas extra cada año si prospera el proyecto de adaptabilidad de jornada. Casi exactamente un sueldo mínimo completo, que son $553.553. Un mes de trabajo al año, evaporado sin que cambie una sola hora de jornada.
El mecanismo es simple. Hoy la jornada se promedia en ciclos de cuatro semanas, y las horas que exceden ese promedio se pagan como extraordinarias, con 50% de recargo. El proyecto amplía el ciclo a 16 semanas, y hasta 52 en turismo. El trabajador trabaja lo mismo, pero esas horas pasan a ser “ordinarias” y dejan de tener recargo. La BCN modeló el escenario límite: 120 horas al año que hoy se pagarían con recargo dejan de pagarse así. Aclara que es un máximo teórico, porque depende de cómo el empleador organice la jornada. Y justamente ahí está el problema: la decide quien paga.
Porque la negociación de un contrato casi siempre se hace solo. Frente al empleador, cada trabajador llega con su arriendo, su dividendo y sus deudas, no con un equipo de abogados. Un estudio de Laborum dice que el 79% siente que su sueldo le dura menos de dos semanas; la inflación acumula 4,5% este año y la desocupación regional llega a 9,9%. Cuando hay necesidad, la gente acepta. Y cuando acepta, no está ejerciendo libertad: está haciendo lo único que puede hacer.
Para eso existe el Código del Trabajo. No nació por generosidad, sino de las luchas de los trabajadores de las salitreras, el puerto de Valparaíso y las minas del carbón, y de las leyes sociales de 1924 y el Código de 1931. Su lógica es reconocer que empleador y trabajador no negocian en igualdad, y por eso hay derechos que no se pueden renunciar, aunque la necesidad empuje a firmar.
Ese es el centro del problema. Cuando una protección como el recargo de las horas extras pasa a depender de un pacto individual, deja de ser un piso y se transforma en una oferta. El proyecto dejaba fuera a los sindicatos en su versión original, y solo tras el debate en la comisión el gobierno anunció que los incorporará. Pero la sindicalización ronda el 20%, así que para la mayoría el acuerdo seguirá siendo uno a uno, con el empleador sentado al otro lado de la mesa. A nuestro juicio, eso es un retroceso en derechos.
El gobierno dirá que el total de horas no cambia, que habrá acuerdo escrito y calendario, y que la flexibilidad ayuda al turismo y al empleo. Todo eso está en el proyecto. Pero un papel firmado por necesidad no deja de ser necesidad.
Un mes de sueldo no se pierde de un día para otro. Se pierde en silencio, en una cláusula que nadie se atrevió a rechazar. Por eso los derechos no se cuidan cuando ya se perdieron.
Maycol Nicolás Gomez Vergara
Ingeniero comercial
MBA-PUCV
Director Area aconomica -contenido Publico



















