La Sala de la Cámara respaldó y despachó al Senado el proyecto de ley que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros.
El texto busca resolver el problema de déficit de financiamiento para mejoras en regiones y operaciones en el sistema metropolitano.
En concreto, pretende incrementar el monto del subsidio permanente en $32.000 millones, para el año 2022; $ 186.000 millones, para el año 2023; y $ 58.000 millones, para el año 2024.
Dichos recursos se pretenden repartir de forma equitativa entre el sistema Red de Santiago y el transporte público en regiones.
Desde el Ejecutivo señalaron que, este año, se termina la vigencia del aporte especial y el aporte especial adicional. Por lo tanto, el proyecto busca prorrogar la vigencia de los montos dispuestos en la Ley 20.378, que crea un subsidio de transporte público, desde el año 2022 hasta el 2024.
Agregaron, también, que hoy existe un marco regulatorio y financiero insuficiente en regiones. Situación que provoca un vacío respecto a las herramientas contractuales, para asegurar la continuidad del servicio en caso de términos anticipados de los contratos con operaciones.
Continuidad del servicio
La propuesta habilitará a los gobiernos regionales para utilizar los recursos que reciben desde el Fondo de Apoyo Regional (FAR), en subsidios operacionales, incluyendo transporte colectivo mayor y menor. Asimismo, establece que, al menos, el 20 % de dichos recursos deba destinarse a proyectos de transporte público.
En el mismo sentido, la iniciativa flexibilizará el uso de estos recursos asignados a la región Metropolitana. Ello provocaría una extensión de las figuras del administrador provisional de transporte y estatuto de los bienes afectos a la concesión. Lo anterior, con el fin de asegurar continuidad del servicio, en caso de términos anticipados de contratos con operadores en regiones.
Plazos y condiciones
Al mismo tiempo, se propone una flexibilización de plazos y condiciones, considerados para la implementación del programa. Algo que permite renovar la flota de transporte público en regiones.
Desde el Ejecutivo aseguraron que, hoy, la entrega de subsidios al transporte público puede generar impactos negativos en las remuneraciones de los conductores.
En particular, en aquellos casos donde esta se compone de un porcentaje del monto recaudado, a través de la tarifa.
En este caso, la propuesta permite modificar la Ley 20.378, de forma de volver obligatoria la prerrogativa, que impide que las disminuciones tarifarias generadas por la aplicación de subsidios en el transporte impacten negativamente en las remuneraciones de las/os conductores.
Además, se establecerá la posibilidad de suspender el pago de subsidios a los prestadores de servicio de transporte que no incumplan con esta obligación.
