Con 67 votos a favor, 43 en contra y 10 abstenciones, la Sala aprobó la resolución que busca modificar el centro penitenciario Punta Peuco. En lo específico, solicita que el Presidente Gabriel Boric tome las medidas para adecuarlo para recibir a reos comunes.
El documento justifica que, actualmente, la población penitenciaria desborda la infraestructura estatal. Esto viola los derechos humanos de las y los reos, quienes pierden tales derechos por la sola condición de haber sido privada su libertad ambulatoria.
Quienes promovieron la resolución señalan que es imposible saber, fidedignamente, la identidad de los reos que están en Punta Peuco. A su juicio, “esto cubre con un manto de dudas de la real necesidad de que tales criminales necesiten condiciones especiales de reclusión”.
Por esto, agregan, la segmentación que existe en el centro penitenciario solo responde a criterios alejados de la objetividad que el decreto de creación ordena. Agregan que no se puede señalar que los condenados por delitos contra los derechos humanos tengan amenazada su integridad física o síquica. Y, por lo tanto, que deban tener un régimen penitenciario privilegiado.
Con estos antecedentes, argumentan que “se podría concluir que los criminales que lo habitan solo acceden a tales privilegios penitenciarios debido a su contribución a la dictadura militar chilena iniciada en el año 1973”.
La resolución fue promovida por las y los diputados independientes Carlos Bianchi, René Alinco, Jaime Araya, Marta González y Héctor Ulloa.
