La Fundación Fuerza Ciudadana presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso una tercería independiente en representación de cuatro propietarios y sus familias, damnificados de la población El Olivar, solicitando el rechazo de los recursos de protección que buscan dejar sin efecto las medidas de paralización y control de las obras de reconstrucción.
La acción judicial plantea que no se pueden validar soluciones parciales o reparaciones superficiales para viviendas, ya que eso implica incumplimientos en materias de seguridad sísmica, resistencia al fuego, aislación y habitabilidad, entre otras.
Asimismo, la presentación solicita que las viviendas solo puedan ser recepcionadas, entregadas y habitadas una vez que cumplan íntegramente con las exigencias técnicas y normativas vigentes.
El abogado y representante de la Fundación Fuerza Ciudadana, Raimundo Palamara Stewart, cuestionó la intervención de la diputada Ana María Gazmuri, en la comision de la cámara. “Resulta indignante que una parlamentaria que estuvo ausente durante dos años de dolor, desplazamiento e incertidumbre aparezca recién ahora para defender viviendas que presentan graves observaciones y riesgos para las familias. ¿Dónde estuvo mientras las familias perdían su patrimonio y eran abandonadas a su suerte? Llegar tarde para defender una obra cuestionada y a una empresa privada no es ponerse del lado de las víctimas, sino actuar en contra de sus intereses”, afirmó.
Palamara sostuvo que las familias necesitan recuperar sus hogares con urgencia, pero enfatizó que ello debe realizarse sobre la base de viviendas que cumplan los estándares exigidos. En ese contexto, valoró la necesidad de avanzar con rapidez en el plan de reconstrucción impulsado por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.
“Aquí no estamos construyendo invernaderos. Estamos construyendo casas, hogares. En su interior no vivirán plantas: vivirán personas, adultos mayores, niños y familias completas. Sus vidas y su seguridad no pueden quedar subordinadas a la improvisación ni a la defensa irrestricta de una empresa que no cumplió. Por eso es fundamental que el plan de reconstrucción del ministro Iván Poduje avance con prontitud y garantice viviendas seguras y de calidad”, señaló.
La tercería solicita que ninguna decisión individual reduzca la protección de los demás propietarios y que cualquier alternativa de reparación o reconstrucción considere un proyecto integral, respaldado por estudios de ingeniería y mecanismos de fiscalización independientes.
“Las víctimas de El Olivar tienen derecho a viviendas dignas, seguras y durables. No existe una vivienda social de segunda categoría ni un estándar constructivo inferior para quienes lo perdieron todo. Haber esperado más de dos años no significa que ahora deban aceptar cualquier cosa”, enfatizó Palamara.
El representante de la Fundación también hizo un llamado a evitar que el sufrimiento de las familias se transforme en una disputa política. Finalmente, señaló que el Estado tiene la obligación de garantizar una reparación efectiva para las familias afectadas y cuestionó el actuar de quienes, a su juicio, no dieron respuestas oportunas durante el proceso.
