El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones de los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino Cancino, condenó a siete miembros en retiro de la Armada, por su responsabilidad en el delito de secuestro con grave daño o secuestro calificado del ciudadano dominicano Juan Andrés Blanco Castillo.
Ilícito perpetrado a partir de septiembre de 1973, en la ciudad de Villa Alemana.
En el fallo (causa rol 53.046-2009), el ministro Cancino Cancino condenó a Ernesto Leonardo Huber von Appen, Wilfredo Hernán Zepeda Iturriaga, Víctor Orlando Rey Ringele, Jaime Miguel Urdangarín Romero, Arístides Alejandro León Calffas y German Patricio Valdivia Keller a 15 años de presidio, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas.
En tanto, Jorge Benjamín Ginouvés Contreras fue condenado a 5 años de presidio, con el beneficio de libertad vigilada, quedando sujeto a la vigilancia y orientación permanente de un delegado por el mismo lapso, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como coautor del delito.
En la causa, se decretó la absolución de los acusados José Abraham Gutiérrez Bello, Víctor Vicente Sepúlveda Cuevas y Guillermo Samuel Aldoney Hansen, al no acreditarse su participación en los hechos.
El ministro en visita determinó que: “Atendido el mérito de los antecedentes y la naturaleza de la persecución penal relativa a un crimen de lesa humanidad, compúlsese estos antecedentes a efectos de abrir una nueva causa penal a efectos de investigar la responsabilidad penal que le podría corresponder a Juan Ignacio Benítez Douds, Roberto de La Paz Novoa, y a otros funcionarios a los que pudiere derivar responsabilidad en los hechos que sirvieron de auto cabeza de proceso”.
En el aspecto civil, el fallo acogió la demanda interpuesta y condenó al fisco a pagar una indemnización de $ 150.000.000 por concepto de daño moral, al padre de la víctima; y de $ 75.000.000 a un hermano.
