Durante la semana pasada, el diputado Tomás De Rementería (PS), presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para incorporar a los conductores de transporte público remunerado de pasajeros, como personas especialmente protegidas por el ordenamiento penal.
Esto tras reunirse en varias oportunidades con conductores de la región que manifestaron estar expuestos a sufrir amenazas o lesiones mientras se encuentran ejerciendo su trabajo. Por ejemplo, la recaudación de dinero en efectivo muchas veces se ha convertido en un problema para ellos, porque los ha hecho ser víctimas de distintos delitos que han afectado su salud física y mental.
El diputado De Rementería, aseguró que su motivación para presentar este proyecto de ley es que “como representantes de un servicio público esencial, los conductores se encuentran en una situación de vulnerabilidad única que merece nuestra atención y protección. Al igual que los profesionales de la salud y la educación, ellos están desempeñando un servicio crítico para nuestra sociedad y deben tener garantías de seguridad en el ejercicio de sus funciones”.
En el Código Penal existe la ley Nº 21.188, también conocida como “ley consultorio seguro”, que tiene como objetivo dotar de distintas medidas de protección penal a los profesionales y funcionarios de los establecimientos de salud y de educación cuando son víctimas de amenazas y lesiones.
Por eso, la propuesta del parlamentario busca incorporar a esta ley un apartado que mencione a los conductores del transporte público remunerado de pasajeros para que sean protegidos. “La modificación al Código Penal que proponemos tiene el potencial de beneficiar a los conductores de transporte público de varias formas. Por ejemplo, al elevar la gravedad de las penas para las amenazas y lesiones sufridas en el desempeño de sus funciones, esperamos disuadir efectivamente a las personas de cometer tales actos”, sostuvo el diputado.
Por su parte, Luis Vargas, Director de la Federación Regional de Taxis Colectivos (Fertacol), señaló que este «es un proyecto excelente porque hay que tener en cuenta que, sea cual sea el tipo de vehículo en el transporte público, al ser agredido el conductor también se pone en riesgo a los pasajeros porque se puede perder el control de la máquina”. Además, añadió que “es bueno que se aumenten las penas, porque no es sólo una simple agresión, sino que es un acto criminal contra nosotros los conductores y también en contra de los pasajeros».
