La Fiscalía Oriente formalizó al otrora Director de la PDI, Sergio Muñoz, por delitos reiterados de violación de secreto, acusándolo de la filtración de antecedentes de causas reservadas. La jueza Francis Fell Franco del 4° Juzgado de Garantía de Santiago estableció la medida cautelar por considerarlo un «peligro para la seguridad de la sociedad» y para garantizar el éxito de la investigación.
Muñoz, quien renunció recientemente al cargo tras el allanamiento a sus oficinas y domicilio por parte de Carabineros, fue formalizado por la entrega de información reservada a su colega, el abogado Luis Hermosilla y cumplirá la medida en dependencias de la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana de la PDI en Cerrillos, tras fijarse un plazo de investigación de 120 días..
Según la declaración ante la Fiscalía Oriente, el imputado habría entregado a Hermosilla información confidencial de importantes causas judiciales, incluyendo la que involucra a Héctor Espinosa, antecesor de Muñoz en la PDI, investigado por malversación de caudales públicos y lavado de activos por el mal uso de los gastos reservados de la institución, así como también casos relacionados con el exintendente Felipe Guevara y el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.
Durante la audiencia, la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para Muñoz, acusándolo de delitos reiterados de violación de secreto.
Muñoz, por su parte, habría argumentado que entregó esta información con el fin de proteger el prestigio de la institución y de figuras connotadas involucradas en las causas judiciales mencionadas.
La defensa de Muñoz destacó su total voluntad de colaboración con la investigación, resaltando que autorizó la apertura de todas sus cuentas corrientes y que negó haber recibido algún beneficio a cambio de la información compartida.
La fiscalía sostiene que los delitos imputados podrían exponer a Muñoz a una pena que va entre 5 años y un día a 10 años de privación de libertad. La medida cautelar de prisión preventiva fue justificada por el fiscal Felipe Sepúlveda, quien afirmó que los mismos delitos imputados evidencian un peligro para la seguridad de la investigación.
