A menos de dos semanas del cambio de mando, el Gobierno ingresó un veto sustitutivo a la recientemente aprobada Ley Integral de Personas Mayores y de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable, normativa que había sido respaldada por unanimidad en el Congreso el pasado 5 de enero.
La decisión fue comunicada durante una reunión convocada por el Ministerio de Desarrollo Social, encabezada por la ministra Javiera Toro, donde se informó que el Ejecutivo objetó los artículos 15 y 29 del proyecto, ambos relacionados con materias laborales.
La ley, que debía ser promulgada a inicios de este mes, buscaba fortalecer la protección de los derechos de las personas mayores y fue fruto de un proceso de tramitación que se extendió por cinco años, con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil.
Luego de que la iniciativa se aprobara en la Cámara Baja, la ministra Javiera Toro aseguró que «esta Ley representa un avance que cambia la forma en que el Estado se relaciona con las personas mayores. Pasamos de una lógica que asociaba la vejez casi exclusivamente a la fragilidad, a un enfoque de derechos donde se les reconoce como sujetos activos y con plena capacidad de decisión. Con este marco legal, aseguramos que la dignidad y la autonomía se ejerzan en la práctica, construyendo una sociedad que valore a las personas en todas las etapas de la vida».
