Tras el informe de la Contraloría General de la República, que constató anomalías en los convenios suscritos por la Fundación Daya con 13 municipios, y que serán enviados al Consejo de Defensa del Estado (CDE), el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, presentó una denuncia con estos antecedentes ante el Ministerio Público para que se investiguen eventuales delitos, tanto por los funcionarios públicos involucrados, como, en contraparte, por personeros de la ONG.
Según explicó el parlamentario, “la decisión de la Contraloría de enviar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado por el caso de la Fundación Daya da cuenta que estamos frente a potenciales delitos y a defraudaciones al Estado que deben ser investigadas a fondo. Por lo mismo, exigimos al gobierno y a las municipalidades que resguarden el patrimonio de todos los chilenos, y a la diputado Gazmuri que se ponga a disposición de la justicia para determinar las responsabilidades que correspondan”.
Irarrázaval agregó que “¿Cómo puede ser posible que trece municipalidades tan distintas, a lo largo de todo Chile, con tan diversas administraciones, fallen tan calcadamente en el desarrollo de estos convenios? ¿Cómo puede ser posible que todas hayan entregado fondos para un fármaco que no tenía autorización del ISP? Cómo puede ser posible que ninguna de estas municipalidades haya pedido se le reintegren sus recursos o no hayan presentado acciones judiciales para perseguirlos? Todo esto no es coincidencia, esos municipios sólo tenían una cosa en común y era la Fundación Daya como contraparte, y eso es un indicio de corrupción que queremos que se investigue”.
De acuerdo al escrito presentado, el legislador también solicitó al Ministerio Público que se investigue eventuales conflictos de interés en la tramitación de leyes por parte de legisladora de Acción Humanista. “Y con estos antecedentes, queremos que se aprovechen de investigar los conflictos de interés de la diputada Gazmuri en su ejercicio parlamentario, porque como ha salido en medios, y también en el debate parlamentario, la diputada Gazmuri, primero como lobista y luego directamente como parlamentaria, incidió activamente en la ley contra el crimen organizado, también llamada «ley antinarco» que se aprobó el año pasado, presentando indicaciones, votaciones separadas, integrando su comisión mixta y luego defendiéndola ante el TC, siendo que ella tiene intereses a través de una empresa relacionada llamada DayaCann, filial chilena de una transnacional de cannabis”, indicó.
