Siendo la inseguridad ciudadana un fenómeno que afecta a todos los ciudadanos, el crimen organizado es un fenómeno cada vez más presente en la realidad nacional. Sus expresiones, en sus conductas más violentas, afectan a comunidades diversas (urbanas y rurales) con su vinculación a la delincuencia barrial y a los delitos de tráfico de estupefacientes, tráfico de armas y de personas. El crimen organizado es una empresa ilegal, aunque por lo general estas empresas o asociaciones ilegales realizan también negocios legítimos: “En 2009 se estimó que generaba 870 miles de millones por año, lo que equivale al 1,5% del PBI mundial.” Tiene un alto impacto sobre las relaciones comerciales y financieras mediante el fraude, lavado de dinero y el impacto en la competencia y el comercio, por lo que es muy difícil para un negocio legítimo poder competir con precios que aparecen como subsidiados.
Con el crimen organizado extendido por el mundo, su expansión se asocia a la migración irregular, a la tecnología imperante y a la globalización: “el impulso de la criminalidad organizada coge brío en el marco de un gran proceso global de cambio, dominado por el crecimiento de un importante mercado mundial de trabajo, mercancías y capitales de carácter ilegal y criminal”.
Crecientemente transnacional, como consecuencia de la globalización, el crimen organizado adquiere una gran sofisticación cuando accede al uso de tecnologías de punta. La ampliación del ámbito operativo de las redes criminales organizadas resultante de los procesos de globalización financiera y comercial constituye un caldo de cultivo óptimo para el fortalecimiento de sus acciones ilícitas.
El crimen organizado cobra miles de vidas y genera enormes costos sociales, económicos, políticos e institucionales en varios países de América Latina, por lo que ya hace más de 20 años, el año 2003 la Organización de Estados Americanos (OEA) había señalado al crimen organizado, junto con el terrorismo, como las nuevas amenazas “que afectan la seguridad de los Estados del Hemisferio”. Su actividad criminal genera enormes recursos económicos y poder que contrasta con la debilidad de muchos Estados que carecen de las capacidades para combatirlos eficazmente: “En algunos casos se observan dinámicas de captura del Estado por parte de estructuras criminales o, incluso, de cooperación entre dichas estructuras y actores políticos y económicos legales”.
La criminalidad organizada, desde el punto de vista estructural, se caracteriza por su organización que adopta distintas modalidades: jerárquica, horizontal, celular o en red, y en ella intervienen colectivos de personas, ya sea en las empresas o incluso en la forma estricta de la organización criminal. Estas redes se caracterizan por la magnitud de sus efectos que son inicialmente económicos, pero también políticos y sociales, teniendo una capacidad de desestabilización general de los mercados. Para poder definir políticas públicas efectivas y eficientes en contra de este tipo de delitos es necesario tener una visión global, y contar con su adecuada caracterización.
En nuestro entorno continental aparecen una serie de factores que nos exponen al avance del accionar del crimen organizado y que lo constituye una amenaza para la seguridad de nuestra población: La presencia de resabios de conflictos armados internos en diversos países latinoamericanos, con la relación entre grupos armados irregulares y redes de narcotráfico y tráfico de armas; el colapso político de las instituciones y de la economía venezolana, con una de las crisis migratorias más grandes a nivel global; el debilitamiento de las instituciones y prácticas democráticas al interior de los países latinoamericanos; el debilitamiento de las relaciones de cooperación entre los países latinoamericanos, en torno a temas estratégicos de seguridad pública; y en específico, la porosidad de las fronteras con nuestros vecinos en el norte.
En atención a lo anterior, podemos señalar que el crimen organizado en Chile se caracteriza “por redes delictivas descentralizadas, en su mayoría clanes familiares anónimos, que operan en barrios marginales y están involucrados en el tráfico de drogas, el contrabando, el tráfico de personas y la trata de personas. Estas redes son mayoritariamente territoriales, utilizan niveles de violencia que han ido en aumento y coordinan sus operaciones con actores extranjeros, con presencia a nivel transnacional, y en ese caso coordinando el tráfico de armas, drogas y contrabando”.
El crimen organizado es una preocupación primordial en la actualidad como una amenaza nueva y emergente para la defensa nacional y la seguridad interior del país.
Por ello la creación de políticas públicas que lo aborden son una prioridad en nuestro país, y hoy es relevante que contemos con una Política Nacional contra el Crimen Organizado, que no lleva un año de elaborada y que es la que hoy orienta las primeras acciones de magnitud a nivel estatal en contra de este fenómeno que hoy afecta la vida cotidiana de nuestra sociedad.
*Es abogado de la Universidad de Valparaíso, licenciado en Seguridad y Defensa por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) y actualmente cursa el programa de Magíster en Seguridad, Defensa y Relaciones Internacionales de la ANEPE.
