Por César Barra, abogado, ex Gobernador de la Provincia de Quillota
En la Política Nacional Contra el Crimen Organizado, elaborada por el actual gobierno el año 2022, se identificaron los siguientes mercados ilícitos: tráfico de droga, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, contrabando, cibercrimen y delitos como el robo de madera y de cobre.
Según estimaciones, la delincuencia organizada transnacional genera 2,1 billones de dólares por año, lo que equivale al 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) Mundial. Por su parte, estimaciones del Fondo Monetario Internacional cifran el lavado de dinero mundial anual entre 2% y 5% del PIB mundial.
El crimen organizado y la corrupción desvían y distorsionan partes significativas del PIB nacional, lo que tiene un impacto negativo en el potencial de crecimiento de un país. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (CLAPES) de la Pontifica Universidad Católica de Chile realizó la investigación “Costo Económico de la Delincuencia: Chile 2013-2022”, para cuantificar el costo económico de la delincuencia en Chile durante la última década. Este estudio estableció que, si en el año 2013 la delincuencia representaba 1,4% del PIB, en el año 2022 la delincuencia pasó a ser 2,1 %: “Se multiplicó por 50% y ese aumento lo ha pagado principalmente el sector privado”.
Ese 2.1% equivale a la suma de 6.200 millones de dólares.
En otra aproximación a las cuantificaciones del efecto económico del crimen organizado, el académico Rodrigo Saens, de la Universidad de Talca, estimó el daño en un equivalente entre 2,5% y 3% del PIB.
Por su parte, los delitos de alta connotación social impactan también en la economía nacional. Es así como Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal señala: “estimamos que el aumento del 14% de robos con violencia e intimidación el segundo trimestre del 2022 se asoció con una caída del producto de 0,9% del PIB”.
Pía Lizana, investigadora de AthenaLab, calculó el año pasado el impacto de las economías ilegales en sectores productivos: “pérdidas por $12 mil millones en la minería, US$ 300 millones en la pesca y casi US$ 68 millones en la madera.
Las prácticas comerciales desleales fomentadas por organizaciones criminales – como el lavado de dinero, el contrabando y el comercio ilegal – crean un entorno desfavorable para el desarrollo empresarial y sus negocios y distorsionan los mercados legítimos. Por ejemplo, el contrabando de productos afecta a las empresas legales que no pueden competir con los precios más bajos de productos ilegales y esto se relaciona en gran medida con el trabajo informal, constituido por trabajos precarios y comercio ambulante.
El desbaratamiento de la economía del crimen organizado es uno de los 10 ejes de la Política Nacional Contra el Crimen Organizado, buscando que la respuesta estatal permita la incautación de los beneficios obtenidos por el crimen organizado y “la lucha contra el lavado de activos, a la luz de las amenazas y riesgos actuales, logrando mejor efectividad”.
Desde el impacto en los recursos públicos, la necesidad de combatir el crimen organizado incrementa los gastos en seguridad pública. Esto incluye mayores presupuestos para la policía, sistemas judiciales y penitenciarios, además de inversiones en tecnología de vigilancia.
Como vemos, el accionar del crimen organizado tiene efectos económicos significativos en Chile, que se manifiestan de diversas maneras siendo amplios en sus efectos y perjudicando la estabilidad económica y su crecimiento, así como a las instituciones, estabilidad económica y financiera, obstaculiza el crecimiento y tiene consecuencias de largo alcance.
