Los diputados y diputadas, Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Gael Yeomans (FA), Alejandra Placencia (PC), Daniela Serrano (PC) y Marta González (Indp.-PPD), anunciaron que van a recurrir a Contraloría para que investigue los alcances del reportaje publicado ayer en CIPER que detalla pagos de parte del Ministerio de Salud, en el Gobierno de Piñera, a la Universidad San Sebastián por servicios de laboratorio.
Sobre el motivo del anuncio, el diputado Luis Cuello, catalogando como una “puerta giratoria” el paso de autoridades del Gobierno de Piñera a la USS, destacó: “Se ha revelado que se comprometieron pagos por 3.500 millones de pesos. Y al mismo tiempo que durante el gobierno de Piñera, la Universidad de San Sebastián pasó al top 500 de los proveedores del Estado. Significa que se aumentaron exponencialmente los recursos que fueron a parar a esta universidad, y al mismo tiempo que dentro del Ministerio estaban en ese momento el ex Ministro París y también el ex Subsecretario Arturo Zúñiga, que después, cosa curiosa, qué casualidad, pasaron a ser altas autoridades de la Universidad San Sebastián”.
Por su lado, el diputado socialista, Juan Santana destacó: “Acá lo que se puede ver es que existe un patrón: autoridades de gobierno utilizan sus cargos para favorecer a una institución de educación superior y después son contratadas por esa misma universidad. Es decir, hay una posible utilización de fondos públicos con la intención de una contraprestación privada”. “Es necesario investigar, pero también cuestionar severamente el que autoridades sean contratadas inmediatamente en el mismo sector que supuestamente estaban encargadas de regular y fiscalizar pensando en el bien común”, añadió el parlamentario.
A su vez, la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, catalogando como “insólitos” los vínculos de la universidad con ex autoridades de la oposición, subrayó: “Es por eso que estamos solicitando una investigación exhaustiva por parte de Contraloría, porque que exista un vínculo tal que termine siendo una caja pagadora de la actividad política de la UDI o de la derecha en general, tanto los recursos de la universidad como también los recursos del Estado, es algo que no se puede aceptar”.
Junto a ellos, Alejandra Placencia, legisladora del PC, manifestó: “Quisiera plantear que me parece que esto es parte ya de un entramado que no tiene límites éticos, que no tiene otra lógica más que el enriquecimiento propio para fines políticos, pero también el perjuicio que existe hoy día para la ciudadanía”. “Estamos viendo que hay muchas demandas sociales que no están resueltas desde hace décadas. Y la precariedad que tiene nuestro sistema de salud no puede seguir esperando para una mejoría que tiene que venir del sistema político, tiene que venir de este Congreso Nacional, pero también tiene que venir de la probidad de quienes ejercen las labores correspondientes en las carteras ministeriales”, agrega Placencia.
Por su parte, la diputada comunista, Daniela Serrano, apuntó: “llama la atención, aparte de que suba exponencialmente las transferencias del Estado a esta universidad, es que la universidad, cuando se adjudica estos fondos, no tenía la capacidad de poder procesar todo lo que tenía que ver con las muestras de datos del COVID”. “Cuando la universidad se adjudica estos fondos, solamente tenía el laboratorio andando en la región de Los Lagos. Sin embargo, en el año 2020 tuvieron que abrir rápidamente en la Región Metropolitana otros dos laboratorios. Entonces acá la pregunta es si vieron también una posibilidad de un nuevo negocio”, concluye la legisladora Serrano.
Finalmente, la diputada independiente por el PPD, Marta González, señaló que «es realmente impresentable que en un momento crítico de todos los chilenos y chilenas, donde compatriotas estaban muriendo por la pandemia, el gobierno de Sebastián Piñera aprovechara la oportunidad para seguir desviando fondos, para seguir alimentando un negocio de privados. Eso es lo inaceptable y grafica un modus operandi con la Universidad San Sebastián. Es por esto que es importantísimo que la Contraloría se pronuncie para seguir poniendo piezas de este puzle que se llama corrupción, que se llama financiamiento ilícito de la política, que se llama finalmente una caja pagadora para la derecha».
