Este 15 de junio se conmemora un nuevo aniversario de la Ley N° 21.015 sobre inclusión laboral de personas en situación de discapacidad. Si bien esta normativa representó un avance significativo en Chile, aún enfrentamos grandes desafíos para lograr una inclusión efectiva y sostenible.
Según el último Estudio Nacional de Discapacidad, más de 2,7 millones de personas adultas viven con alguna discapacidad, pero su participación laboral sigue siendo limitada. La implementación de la ley ha sido insuficiente: muchas empresas no cumplen con la cuota mínima, carecen de planes de inclusión y los contratos generados son escasos y poco sostenibles.
La reciente actualización mediante la Ley N° 21.690 busca mejorar este panorama, pero no basta con ajustes legales. La verdadera inclusión requiere compromiso de todos los sectores: empresas, Estado, comunidades, familias y, sobre todo, de las propias personas con discapacidad, quienes mejor conocen las barreras que enfrentan.
En un contexto marcado por la digitalización y la inteligencia artificial, debemos evitar que la tecnología se convierta en una nueva forma de exclusión. Es urgente resignificar el valor del trabajo como fuente de dignidad y bienestar, más allá de la productividad.
La inclusión laboral no debe ser solo una obligación legal, sino una convicción ética y social. Solo así construiremos un país más justo y diverso.
Caroline Landeros Díaz
Académica de Terapia Ocupacional U. Andrés Bello, Viña del Mar
