Por un mes fueron suspendidas la jueza del Octavo Juzgado de Garantía, Irene Rodríguez, y la funcionaria que la acompañó en el tribunal el pasado 9 de julio, cuando se formalizó a Alberto Mejía y los otros dos coimputados por el presunto sicariato de José Felipe Reyes Ossa, también conocido como el «Rey de Meiggs».
De acuerdo con El Mercurio, la decisión se adoptó en el marco del sumario administrativo que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó tras la polémica liberación de Mejía, quien permanece prófugo desde el 10 de julio. Se las alejó de su cargo para resguardar el éxito de la investigación, dijeron conocedores del proceso.
El pleno de la Corte Suprema recibió al jefe del Departamento de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Mauricio Rodríguez.
La ministra y vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, comentó que «quisimos solamente conocer el procedimiento» que se usó en el caso de Mejía, «toda vez que actualmente existen investigaciones penales y administrativas vigentes que en su oportunidad puede corresponder a este Tribunal Pleno su conocimiento». Se determinó que el sistema operó de manera correcta, pero habría habido un error de la funcionaria
