La confianza es el cimiento invisible de un país. Es lo que sostiene todo: el Estado de Derecho, la economía, la convivencia democrática. Cuando la confianza se rompe, no se quiebra solo un vínculo simbólico: se derrumba la estructura entera sobre la que se sostiene la vida en común. Y Chile lleva años erosionando esa base sin querer reconocerlo, aunque la realidad lo muestra todos los días .El reciente episodio de los parlamentarios Cristián Araya y Matías Walker quien sin pudor admitió haber recibido 1,7 millones de pesos del Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, involucrado en la causa “La muñeca bielorrusa” es la señal inequívoca más de que enfrentamos una decadencia pública que ha borrado toda frontera entre la falta ética, la inmoralidad y lo derechamente delictivo.
Esta descomposición cívica no surgió de un día para otro. Se incubó durante años en un ecosistema político que normalizó las defensas corporativas, los favores cruzados, los pactos tácitos y la opacidad en los nombramientos de autoridades clave: ministros de Corte Suprema, cortes de apelaciones, fiscal nacional y fiscales regionales, notarios, conservadores y autoridades de gobierno.
La élite política y jurídica se fue encapsulando en una lógica de autoprotección que terminó por borrar los límites. Lo que antes era una falta ética pasó a ser “uso y costumbre”. Lo inmoral se justificó como “criterio político”. Y los delitos comenzaron a maquillarse como simples “errores”.
En este contexto, cabe preguntarse si Chile se aproxima nuevamente a un pacto similar al de 2015, cuando se nombró al fiscal nacional, Jorge Abbott, cuyo objetivo práctico fue terminar con las investigaciones por financiamiento ilegal de la política, acompañado de la salida del director del SII para evitar que las querellas siguieran incomodando. La trama “dinero y política” terminó reducida casi a nada. En la mayoría de los casos se optó por no perseverar y, en el juicio más largo de la historia reciente, dos juezas esgrimieron argumentos que resultan grotescos: afirmar que Pablo Longueira no actuó como autoridad pública porque gestionó un articulado legal favorable a una empresa usando su correo personal y no el institucional del Senado.
Esta racionalización retrata con crudeza la escala moral en la que se ha movido buena parte del poder en Chile. El problema no es solo ético. Es estructural. Cuando las autoridades cruzan simultáneamente la frontera entre lo ético, lo inmoral y lo delictivo, socavan el Estado de Derecho desde dentro, debilitan sus pilares y erosionan su legitimidad. Y cuando el Estado de Derecho se debilita, la confianza desaparece. Sin confianza no hay inversión, no hay innovación, no hay crecimiento, no hay estabilidad y no hay convivencia democrática.
El riesgo país está en la degradación moral de quienes debieran proteger las instituciones y no utilizarlas para su beneficio. Hoy, el riesgo país se mide en confianza. Son muy pocos los que se atreven a denunciar esta decadencia pública. Por eso es tan valiosa la voz del arzobispo Fernando Chomali, quien escribió: “Jóvenes, les pido perdón por el país que les hemos dejado. La corrupción, el tráfico de influencias y la desvergüenza son la causa de sus dificultades para estudiar, proyectar su futuro y tener esperanza.
Es también la causa del desprestigio de la política. ¡Duele! ”Duele, sí. Pero más duele constatar que esa honesta autocrítica sea la excepción y no la norma. Se echa de menos la voz de los partidos políticos, de las asociaciones gremiales de profesionales, empresarios y trabajadores; también de la sociedad civil que está escondida como consecuencia del caso “fundaciones”. Chile no solo perdió confianza: perdió su brújula moral. Y cuando un país pierde su brújula moral, pierde también su capacidad de proyectarse hacia el futuro. La degradación ética no es un debate moralista: es el mayor riesgo político, económico y social de nuestra época. Porque cuando las élites pierden la vergüenza, el país pierde el rumbo.
Por Marcelo Trivelli
