Una querella por presunta defraudación de caudales públicos será ingresada por damnificados del megaincendio de Valparaíso. Se trata de familiares de 65 fallecidos y más de 500 propietarios. La acción tiene su raíz en cinco recientes informes de Contraloría que detectaron pagos sin respaldo, gastos improcedentes y graves deficiencias en el control de recursos destinados a la emergencia. Los denunciantes sostienen que las irregularidades eran conocidas en la zona y exigen responsabilidades penales.
“Todo esto te hace volver a ese día, porque yo estuve presente en el incendio, vi la negligencia, el in situ de la autoridad. Y ahora esta negligencia también está en los recursos destinados a la ayuda. Es como volver atrás en el tiempo: la rabia vuelve, la pena”, comentó Claudio Rojas Ugalde, hijo de María Cristina, fallecida en el megaincendio de Valparaíso. Los comentarios los dio tras conocer las irregularidades en la gestión de recursos en los años posteriores a la emergencia, destapadas esta semana por la Contraloría. “Mi madre, María Cristina Ugalde, no debió morir. A mí me la quitaron el 2 de febrero de 2024, y eso no puedo olvidarlo”, agregó.
Claudio es familiar de una de las 137 personas que fallecieron hace dos años en los siniestros de la Quinta Región, y no se sorprendió al ver las revelaciones de la Contraloría. Y es que, de acuerdo con lo comentado por sobrevivientes y habitantes de la zona, era conocido que los recursos no se estaban empleando de forma correcta, ya sea por negligencia o por mala fe.
A raíz de los cinco informes de auditoría efectuados por la Contraloría, el abogado Felipe Olea —quien representa a los familiares de 65 fallecidos y a más de 500 propietarios— anunció una querella penal en contra de quien resulte responsable por la defraudación de caudales públicos que se habría llevado a cabo en los años posteriores a la tragedia.
