Muy preocupados se encuentran los representantes del comercio en Viña del Mar a raíz de una seguidilla de robos que han afectado principalmente a restaurantes del Barrio Poniente.
«Hay denuncias, hay videos y pruebas en flagrancia. Los hechos ocurren apenas a un par de cuadras de la principal tenencia de Carabineros. Todos saben quienes son los delincuentes y dónde pernoctan consumiendo drogas, antes de su abnegada jornada de trabajo nocturna, mientras los que sí trabajamos intentamos descansar», señaló uno de los dirigentes.
Este tipo de ilícito se llevan a cabo en horarios donde los restaurantes bajan sus persianas al público. «Hace unas semanas, uno de ellos fue detenido cerca de las 2:00 am. A las 04:00 am estaba robando nuevamente», lamentó.
Rodrigo Rozas, presidente de la Cámara del Comercio de Viña del Mar, explica que este fenómeno delictual afecta en tres dimensiones: «La primera es el robo en sí mismo que genera un deterioro del local y pérdida de ingresos. También se genera un gasto en reparación, donde entre 3 y 5 días es el promedio de días que están paralizados los locales que han sufrido un robo. Y, además, es la pérdida de infraestructura porque roban, entran y destrozan el mobiliario», explica.
Los representantes del comercio viñamarino han llevado a cabo reuniones con Carabineros y el nuevo delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, para reforzar las medidas de seguridad en el sector e impulsar un proyecto de ley que considere mayores penas para el robo en lugares no habitados. «La tipificación de este delito es muy diferente al robo en lugar habitado. Las penas son muy bajas y normalmente no tienen ningún tipo de presidio. Entonces, lo que hay que trabajar, tal vez, que es más difícil, obviamente, es cambiar el tipo es cambiar la ley».
Por su parte, desde la Municipalidad de Viña del Mar manifestaron a este medio que «a través de la Dirección de Seguridad Pública y sus diversas unidades, mantienen una presencia permanente en todos los sectores de la comuna en coordinación con las policías, encargadas por ley del orden público y fiscalización de los delitos».
En abril reforzaron el control territorial que «tuvo como resultado la realización de 5.316 patrullajes motorizados y 335 servicios de infantería, para asegurar una cobertura permanente en todos los barrios de la ciudad, logrando concretar 155 detenciones en flagrancia de personas que fueron puestas a disposición de los organismos policiales correspondientes».
