El IVA es un impuesto que pagamos prácticamente cada vez que consumimos. Su tasa general es de 19% y, por regla, no distingue entre bienes esenciales y otros productos. Sin embargo, actualmente avanza en el Congreso una iniciativa que propone una fórmula diferente para enfrentar el costo que este gravamen representa en determinados gastos esenciales: mantenerlo, pero compensarlo posteriormente a quienes cumplan ciertos requisitos.
El proyecto de ley, correspondiente al Boletín N°18.255-31, establece una bonificación por la compra de pañales y determinados medicamentos para personas pertenecientes al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. No se trata de una exención o reducción de la tasa. La compra seguirá afecta a IVA y el consumidor pagará el precio con impuesto incluido. Posteriormente podrá acceder a una bonificación equivalente al IVA soportado, dentro de los límites establecidos por una canasta mensual de referencia.
Esta diferencia es relevante. En lugar de modificar la estructura del impuesto, el proyecto utiliza información de las compras para focalizar el beneficio. El monto a recibir corresponderá al menor valor entre el IVA efectivamente soportado y aquel calculado sobre la respectiva canasta referencial. Por tanto, hablar simplemente de “devolución del IVA” puede llevar a pensar que todo el gravamen pagado será necesariamente restituido, lo que no es correcto.
El mecanismo también incorpora un elemento interesante desde la perspectiva del cumplimiento tributario. Para acceder a la bonificación, las compras deberán realizarse en el comercio formal y estar respaldadas por boleta electrónica que permita identificar los productos adquiridos. En el caso de los medicamentos, además, deberá existir la correspondiente receta médica electrónica vigente. El Servicio de Impuestos Internos participará en la validación de la información tributaria, mientras que el Instituto de Previsión Social administrará y concederá el beneficio.
Existe, además, una restricción que será importante observar. El programa tiene un límite de recursos fiscales y, cuando la ejecución presupuestaria alcance determinados niveles, podrá operar un mecanismo de priorización que deberá considerar, entre otros factores, la vulnerabilidad socioeconómica de los solicitantes.
La propuesta abre así una discusión interesante que trasciende a pañales y medicamentos. En lugar de eliminar el IVA de determinados productos, se busca utilizar la trazabilidad que entrega la documentación tributaria electrónica para compensar posteriormente a grupos específicos.
Si la iniciativa finalmente se convierte en ley, estaremos frente a un mecanismo poco habitual en nuestro sistema: pagar el IVA al momento de comprar y, bajo determinadas condiciones, recibirlo de vuelta. Su efectividad dependerá no solo del monto del beneficio, sino también de algo esencial en toda política pública: que quienes tienen derecho a éste puedan acceder de manera simple, oportuna y comprensible.
Viviana Puentes Directora Escuela de Auditoría Universidad de Las Américas
