La tarde de este viernes, un grupo de 12 centros de estudios entregó a los convencionales constituyentes de Vamos por Chile un documento que contiene propuestas para el reglamento que normará la Convención Constitucional, tema que será abordado durante los próximos días.
Se trata del primer capítulo de una propuesta de 12 temas centrales que preparan Acción Educar, Aire Nuevo, Ciudadano Austral, Fundación Jaime Guzmán, Fundación para el Progreso, Fundación P!ensa, Horizontal, IdeaPaís, Instituto de Estudios para la Sociedad, Instituto Libertad, Libertad y Desarrollo y ResPublica.
En la cita participaron convencionales de Chile Vamos, quienes escucharon atentamente las presentaciones de José Manuel Astorga (Horizontal), Natalia González (LyD) y Felipe Lyon (FJG). Esto se llevó a cabo de forma telemática, en el marco de un trabajo que desde marzo se encuentran realizando los centros de estudios con el objetivo de establecer los ejes y principios rectores que debiesen orientar la discusión constitucional.
Propuestas para el reglamento de la Convención Constitucional
En el documento entregado se delinean, en primer lugar, los principios que debieran inspirar el reglamento. Luego se realizan propuestas para la organización, funciones y atribuciones del Pleno, la Presidencia, Vicepresidencia y Mesa de la Convención y las comisiones.
En materia de comisiones orgánicas, el documento propone contemplar las siguientes: de orden interno, transparencia y reglamento; Comisión constitucional técnica o de armonización; de comunicaciones y participación ciudadana y de ética.
En cuanto a las comisiones temáticas o técnicas se plantea que todo convencional participe en al menos de una de ellas y que estén integradas proporcionalmente por miembros de todas las fuerzas políticas e independientes en la Convención. Se sugieren las siguientes: Comisión de bases fundamentales de la República, nacionalidad y ciudadanía; de derechos, deberes y garantías; de régimen de gobierno, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos constitucionales autónomos y procesos electorales (incluyendo justicia electoral y justicia constitucional), la que en todo caso podría funcionar en subcomisiones dada la magnitud de las materias a tratar; Forma jurídica del Estado, descentralización y gobiernos regionales y locales y Comisión de reforma y revisión total de la nueva Constitución.
De la misma manera, se propone que los distintos grupos de políticos e independientes presentes en la Convención se organicen en comités que permitan facilitar la relación de la Mesa con los convencionales. Cada comité debiera tener un jefe que lo represente y sus acuerdos deben quedar por escrito y ser firmados por el presidente y secretario de la Convención.
Sobre el tema de los procedimientos de discusión y votaciones, los centros de estudios exponen dos posibles alternativas de varias etapas para ser contempladas, que permitan una revisión del conjunto del trabajo de las comisiones contemplando instancias de armonización y para destrabar materias en las que no se produzcan acuerdos iniciales.
El trabajo se refiere además a la protección de los derechos de las minorías en el reglamento, enfatizando que “ninguna fuerza política o lista (incluyendo la lista de independientes) logró 1/3 en la Convención Constitucional. Individualmente considerados, todos los grupos son una minoría”.
Para dar cumplimiento a lo anterior, y dada la gran cantidad de posiciones divergentes e intereses en la Convención, las reglas deben propiciar que se garantice a los intervinientes un espacio para debatir, deliberar y expresarse respetuosamente. Es por ello que se delinean las reglas que son relevantes para ello y sus materias relativas, tales como que el reglamento replique las normas constitucionales que fijan las reglas del juego de la Convención; que la Mesa sea apoyada en su labor por un Comité Directivo compuesto por todos los jefes de los comités; que se aplique un sistema de presidencias rotativas en las comisiones; que las citaciones a sesiones se hagan por escrito y con la debida antelación; la existencia de un boletín de sesiones; la participación de autoridades en las comisiones temáticas; que cada convencional pueda proponer que distintos expertos y miembros de la sociedad civil sean recibidos en audiencias y que la Convención pueda apoyarse en otros organismos del Estado.
Más en detalle, respecto de los procedimientos para sesionar, para el debate y las votaciones; se plantea que las proposiciones de textos a discutir deberán presentarse por escrito, y cada una de sus disposiciones debe consignarse en artículo separado, las que deberán subirse a la página web de la Convención.
En cuanto a los quorum, se propone que tanto el Plenario como las Comisiones puedan sesionar con un quorum de 50% de sus miembros; que los acuerdos en el Plenario sean por 2/3 de los convencionales en ejercicio en cada votación y que para adoptar acuerdos en comisiones el quorum podría ser la mayoría en ejercicio. Los centros proponen que los textos que salgan de las comisiones al plenario, además del texto aprobado por las mayorías correspondientes en aquellas instancias vayan acompañados de la segunda propuesta o formulación más votada para su discusión, la que se deberá ser expuesta por un convencional que represente esa postura y someterse a votación en caso de que la propuesta mayoritaria no reúna el quórum necesario de 2/3.
Respecto de la participación en la Convención, el documento destaca que se debe establecerse una forma institucionalizada de participación, clara y transparente, bajo la cual se sistematicen los resultados de las diferentes instancias de participación, adoptando una metodología que disminuya posibles sesgos; que se debe velar por la igual participación de grupos minoritarios y por una transparencia total de la agenda de la Comisión de participación como la de los convencionales en la materia; que es esencial establecer límites y pautas concretas para ordenar la participación ciudadana, a fin de evitar el desorden y el eventual abuso por parte de grupos o individuos de las instancias de participación, y que en términos de la participación en comisiones, se debe establecer un principio de pluralidad y defensa de la libertad de expresión. Adicionalmente, se proponen mecanismos a considerar al respecto.
El documento también enfatiza que, como la Convención genera alto interés en la ciudadanía, ella debiera contar con la posibilidad de acceder a la información sobre el proceso, debates y acuerdos. De la misma manera, se propone que la regla general sea la publicidad de todos los antecedentes que se encuentren en poder de la Convención. Asimismo, se propone que el reglamento debiera normar un procedimiento para que las personas puedan ejercer su derecho de acceso a la información pública.
En cuanto al plazo de elaboración del reglamento, los think tanks plantean que éste es prioritario, por lo que debe ser elaborado cuanto antes (30-60 días máximo).
Finalmente, el informe evalúa los mecanismos que tendrían los convencionales para reclamar posibles incumplimientos del Estatuto de la Convención y en especial la reclamación ante la Corte Suprema que establece el artículo 136 de la Convención.
