A la Contraloría General de la República acudió la senadora Yasna Provoste, para solicitar al organismo fiscalizador la revisión completa de la licitación del Terminal 2 del Puerto de Valparaíso, adjudicado a la empresa Agencias Universales S.A. (Agunsa), ligada a la familia Urenda. La parlamentaria busca conocer si el proceso licitatorio “cumplió la legalidad”, pues una empresa filial de la ganadora mantiene una demanda contra el Estado.
En marzo de 2019, la empresa Terminal Cerros de Valparaíso S.A. (TCVAL), filial de Aleatica, controlada por el fondo australiano IFM Investors, decidió poner fin a la concesión y construcción del Terminal N° 2 del Puerto de Valparaíso que hasta ese entonces ostentaba.
La decisión, según dio a conocer la firma en su momento, se debió a la demora en la obtención de los permisos ambientales de las obras. Bajo este inesperado escenario, la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), ente estatal que administra el Puerto de Valparaíso, dio inicio a un nuevo proceso licitatorio del terminal.
Aquel concurso correspondió a uno de transición por cuatro años con la posibilidad de extender el contrato por un año más. La adjudicación, según las bases, se basaba en la tarifa ponderada más baja. Participaron cinco empresas: Neltume Ports y DP World, como empresas “incumbentes”, es decir, como firmas que ya poseen concesiones de algún frente de atraque de uso público en la región de Valparaíso.
También concursaron, como nuevos entrantes, firmas que cumplen el requisito de experiencia que no son incumbentes, Marítima Valparaíso (Marval), Agencias Universales S.A. (Agunsa), y un consorcio de Conteiner Chile y Estibadora Chilena.
El proceso se inició formalmente el 12 de agosto de 2020 cuando la Empresa Portuaria de Valparaíso ingresó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una solicitud de pronunciamiento sobre la factibilidad de licitar el frente de atraque N° 2 del Puerto de Valparaíso, también llamado Espigón.
A mediados de diciembre, la Empresa Portuaria de Valparaíso publicó en el Diario Oficial la citación a audiencia pública, tal como estipula la legislación vigente. Dicha reunión se concretó el 22 de enero de 2021 e intervinieron los apoderados de la estatal y de las empresas intervinientes.
Tras más de un año de tramitación, el TDLC fijó las condiciones de competencia de la licitación, las que quedaron plasmadas en su informe 20/2021. ¿El ganador? La empresa Agencias Universales S.A. (Agunsa), ligada a la familia Urenda.
Conflicto
Conocida la firma que se quedó con el concurso, ingresó a la Contraloría General de la República una solicitud de pronunciamiento de la senadora por Atacama Yasna Provoste (DC).
En el documento, la parlamentaria solicitó al contralor Jorge Bermúdez que “haga una completa auditoría sobre el proceso de ‘Licitación del Terminal N° 2 del Puerto de Valparaíso’ y que establezca si se cumplió la legalidad en la adjudicación a AGUNSA S.A. por parte de la Empresa Portuaria de Valparaíso”.
En concreto, la excandidata presidencial demócrata cristiana puso en conocimiento del organismo fiscalizador que una empresa filial de la firma ganadora de la licitación mantiene demandada a la Empresa Portuaria de Valparaíso, o sea, al Estado.
Se trata de Valparaíso Terminal de Pasajeros S.A. (VTP), filial de Agunsa S.A., quien en agosto de 2020 ingresó al Primer Juzgado Civil de Viña del Mar una demanda de declaración de término de contrato e indemnización de perjuicios.
El documento detalla que “en sus actuaciones públicas, todos los organismos del Estado, incluyendo a las Empresas Públicas, no pueden contratar con quienes mantengan litigios pendientes con el fisco”. Y agrega: “En este caso, AGUNSA mantiene un juicio millonario en contra del Estado, por lo que la Empresa Portuaria de Valparaíso se debió abstener de licitarle un contrato para la provisión del servicio de carga en el Puerto de Valparaíso”.
A raíz de los anterior, la senadora solicitó al contralor realizar una completa revisión del proceso licitatorio, con el fin de determinar si se ajustó a derecho, teniendo en cuenta la demanda civil que Valparaíso Terminal de Pasajeros S.A. -filial de la ganadora Agunsa S.A.- mantiene contra el Estado, en este caso representado por la Empresa Portuaria de Valparaíso.
Tras conocerse esta presentación ante Contraloría, la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) se refirió a la acción.
Mediante un comunicado, la empresa estatal aseguró que «este proceso de licitación, así como todos los procesos que ha conducido EPV, se realizan con estricto apego a la legalidad vigente, cumpliendo con todas las normas que son aplicables. De ser requeridos, todos los antecedentes serán puestos a disposición de las autoridades competentes, con absoluta transparencia».
Además, recordaron que «las condiciones contenidas en las bases de licitación fueron públicas y materia de pronunciamiento previo y expreso por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), instancia en la que se analizó entre otros aspectos, las condiciones de participación y eventuales restricciones en la licitación, dando espacio a los interesados para expresar sus opiniones”.
«Empresa Portuaria Valparaíso reitera como un valor que la caracteriza el actuar con estricto apego a la normativa vigente, de forma transparente y siempre preocupada por el desarrollo de la actividad portuaria y de la Ciudad Puerto», finalizaron.
(Fuente: Biobiochile).
