Los derechos sociales -como la seguridad social, la salud, la vivienda, laborales y educacionales-, aprobados recientemente por la Convención Constitucional, son clave para pensar en un marco normativo que permita asegurar mejores condiciones de vida para la población del país.
Así lo planteó el geógrafo Ignacio Rojas, académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), quien sostuvo que esta aprobación permite, por ejemplo, recomponer el rol del Estado en temas fundamentales que, a lo largo de la historia, no han sido plasmados en los textos constitucionales o han estado regulados por los privados y el empresariado. Respecto a los derechos particulares que se aprobaron, destacó dos temas que -a su juicio- son fundamentales: el Derecho a la Vivienda y el Derecho a la ciudad y al territorio.
“El derecho a la vivienda es un derecho fundamental no reconocido en las Constituciones y, por lo tanto, eso permite afrontar una problemática importante que se ha desarrollado en Chile desde 1906 con las primeras leyes de habitaciones obreras para solucionar un problema que ha afectado principalmente a la clase trabajadora y clases populares, por lo tanto, el derecho a la vivienda es un tema complejo que también, con esta aprobación de derecho fundamental, permitiría demandar al Estado el cumplimiento de este derecho universal, fuera de lo que es la política subsidiaria que se ha llevado desde la postdictaura”, dijo el académico.
Agregó, como ejemplo, que el déficit habitacional tiene una fuerte condición de clase, ya que solo afecta a los trabajadores y a las personas de bajos recursos, pero no así a las clases media-alta y alta, que puede acceder fácilmente a una segunda o tercera vivienda con carácter recreativo o comercial.
Petorca y Valparaíso
Ignacio Rojas destacó, además, la aprobación del miércoles 20 de abril, referido al derecho humano al agua y al saneamiento, lo que se vincula directamente con el tema de la vivienda. Sostuvo que un ejemplo en la Región de Valparaíso es el acaparamiento de agua en la provincia de Petorca, el acceso al agua en los asentamientos informales de la ciudad de Valparaíso (una de las tres con el mayor número de campamentos) e, incluso, con temas referidos a la calidad del agua para su consumo. En su opinión, lo aprobado en la Convención Constitucional es muy relevante, pues aseguraría una mejor calidad de vida para las futuras generaciones y, especialmente, de tener servicios de calidad sin afectar la economía familiar o determinados por los intereses privados.
Polémicas
En relación a la polémica que se generó en torno al derecho
de propiedad, el académico de la Universidad de Playa Ancha mencionó dos aspectos que le inquietan:
“Es preocupante la desinformación y confusión que se ha producido a raíz de las declaraciones y difusión de diferentes tuits de representantes de la ideología de derecha, de políticos, empresariados y personas públicas, quienes han difundido el problema de propiedad o que los derechos sociales aprobados podrían afectar el derecho de propiedad, lo que es falso, ya que el 30 de marzo, por la misma Convención, fue aprobado el derecho de propiedad, donde toda persona jurídica o natural tiene el derecho de propiedad en todas sus especies y en todas sus clases de bienes, así es que es falsa la información que están difundiendo”, dijo Ignacio Rojas.
También expresó su inquietud por los intereses particulares que se presentan por quienes difunden estas ideas, ya que el derecho de propiedad que algunos medios, políticos y figuras públicas difunden -dijo- solo busca perpetuar la desigualdad que nos llevó a una crisis social y política el 18 de octubre del 2019. Aseguró que esto se observa en la inversión que han realizado en propaganda y publicidad en radios, diarios y televisión para condicionar el voto de rechazo en el plebiscito de salida.
El académico criticó, en general, lo que calificó como “desinformación y el cerco comunicacional” que se está colocando a la convención, sobre todo -dijo- con información falsa hacia la ciudadanía, más que el trasfondo normativo y jurídico que se le puede otorgar al concepto de propiedad.
