Con 18 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, la Sala del Senado aprobó el proyecto que prohíbe informar las deudas contraídas para financiar atenciones de salud, por lo que la iniciativa quedó en condiciones de ser remitida a su trámite de promulgación.
Fue el presidente de la Comisión de Salud, Francisco Chahuán, quien explicó los alcances de los cambios que le introdujo la Cámara de Diputados al proyecto durante su segundo trámite.
Cabe recordar que el proyecto tiene su origen en una moción del senador Jaime Quintana y de los ex senadores Carolina Goic, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros y busca dar una solución al daño colateral que implica el alto costo de las prestaciones de salud que los obliga a endeudarse en niveles que les resulta difícil de pagar, con el consecuente perjuicio de sus antecedentes económicos que les bloquea toda posibilidad de mejores trabajos o financiamiento.
Las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados, precisan el alcance de la expresión «empresas relacionadas», entendiendo que en ellas se entiende incorporadas las instituciones financieras, casas comerciales u otras similares.
Durante la votación, el senador Juan Antonio Coloma advirtió que «hace menos de 24 horas se votó en este Parlamento una ley exactamente contraria a lo que estamos votando ahora (Ley Fintech o Fintec), donde se establece que es obligatoria la información financiera 5 años para atrás…este proyecto está diciendo que hay información que no se debe dar, y tal como advertí anteriormente, pregunto cómo coexisten estas dos normativas».
Proyecto
En lo fundamental el proyecto incorpora entre los antecedentes que los responsables de los registros o bancos de datos personales no podrán comunicar, aquellos referidos a las deudas contraídas con prestadores de salud públicos o privados y empresas relacionadas, sean instituciones financieras, casas comerciales u otras similares, en el marco de una atención o acción de salud ambulatoria, hospitalaria o de emergencia sean estas consultas, procedimientos, exámenes, programas, cirugías u operaciones.
Establece que esta prohibición entrará en vigencia a partir de los 180 días posteriores a la publicación de este proyecto como ley, momento a partir del cual, los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican información sobre este tipo de deudas, deberán eliminar todos los datos relacionados con estas.
