Por Jorge Valdebenito
Académico investigador Carrera de Trabajo Social UDLA Sede Viña del Mar
Las jornadas de octubre del 2019 propiciaron una gran discusión sobre las fragilidades de la economía y política chilena. Hasta entonces, diversos estudios provenientes de las ciencias sociales advertían una serie de tensiones precisas de atender institucionalmente. Estas aludían a la necesidad de implementar medidas de democratización que favorecieran la participación ciudadana en la toma de decisiones vinculantes, y redistribución económica, con especial atención hacia los sectores vulnerables, sin perjudicar la inversión y crecimiento macroeconómico.
El estallido que vivió nuestro país se enmarca en un ciclo global de movilizaciones, similar a aquellas desarrolladas en 1968, 1989 y 2011. Una de las principales conclusiones sobre esto es que tal tipo de escenarios hoy se reiteran con mayor frecuencia e intensidad, no obstante, existen diferentes lecturas para la explicación de los hechos.
Entre ellas destacan las que sostienen que dichos acontecimientos se explican por el incremento de la complejidad de las sociedades contemporáneas. Mundialmente integradas, estas son más proclives a la autocaotización, debido a las propiedades emergentes de las interacciones entre la creciente multiplicidad de partes que las componen. Ejemplo es la pandemia de SARS-COV2 que vino a replantear el dilema entre autonomía e integración local en las cadenas mundiales de valor.
Hoy la sociedad chilena enfrenta el desafío de escribir una nueva Carta Magna. La expectativa es suturar tejidos rotos y generar una adaptación institucional al Chile del pos-estallido y de la pos-pandemia. Sobre esto, se sugiere reflexionar en base a tres tensiones. Primero, aquella dada entre la fragmentación y polarización política en el país. Segundo, a las fricciones entre élite/pueblo que dificultan la legitimidad institucional.
Por último, a las propuestas de salidas materiales y pos-materiales a los momentos de crisis, a propósito del «rechazo popular'»del pasado 4 de septiembre.
Tal resolución permitiría diseñar salidas a estas crisis.
Fotografía principal: El Mostrador.