Por 11 votos a favor, la Comisión de Gobierno Interior aprobó, en general, el proyecto que impone a las municipalidades la obligación de contar con protocolos internos para la prevención y sanción del acoso sexual.
La iniciativa modifica la Ley Orgánica de Municipalidades y el Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales, y sigue las directrices de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
En esa línea, el proyecto busca que municipalidades, corporaciones municipales, asociaciones o fundaciones municipales cuenten con estos protocolos.
En particular, la normativa tipifica las conductas de acoso sexual como contrarias a la probidad administrativa. Asimismo, establece sanciones para poder erradicarla.
En sus antecedentes, la moción señala que se debe trasparentar y sistematizar la magnitud de casos que puedan existir al interior del mundo municipal. Esto, para permitir tomar mejores decisiones a sus autoridades relativas a la política pública.
En la sesión, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, dio a conocer las observaciones del Ejecutivo a este proyecto; las que van en la línea de permitir la investigación y sanción efectiva de las conductas de acoso sexual.
La autoridad sostuvo que, además, se busca uniformar los procedimientos y que abarque tanto a la administración municipal como al regido por el estatuto administrativo.
Por lo tanto, sus ejes centrales dicen relación con el sumario administrativo, medidas de resguardo y de carácter procedimental, así como la participación de la Contraloría General de la República.
La comisión ahora iniciará la discusión en detalle de las observaciones presentadas por el gobierno y las que presenten las y los diputados.
