ONU Derechos Humanos pidió a las autoridades chilenas modificar un proyecto de ley sobre protección de policías que se discute en el Congreso Nacional, denominada Naín-Retamal para armonizarlo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
El proyecto -Boletín N°14.870-25, actualmente en revisión por el Senado- plantea disposiciones sobre la legítima defensa privilegiada de las policías que “no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos”, afirmó hoy el jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab.
La Oficina empatizó con la sociedad chilena y los cuerpos policiales por las pérdidas humanas que han sufrido en sus tareas contra el crimen, y subrayó la importancia de la labor policial basada en derechos humanos. A su vez, señaló que algunas propuestas del proyecto no dan una respuesta adecuada a los desafíos que enfrentan las policías en el país.
“La seguridad es un derecho humano que el Estado debe garantizar, y para ello la labor de las policías es fundamental. Pero el objetivo legítimo de fortalecer el combate al crimen no puede abrir espacios a nuevas violaciones de derechos humanos o a la impunidad”, advirtió el representante.
La Oficina considera que no es preciso señalar que la “legítima defensa privilegiada” habilitará la utilización de armas letales, pues las policías ya tienen esta facultad. Jarab explicó que “en lugar de dotar a las policías de herramientas más eficaces para su función, la propuesta reduce la rendición de cuentas, obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos y favoreciendo la impunidad”.
En particular, preocupa la Oficina la introducción de un criterio subjetivo del funcionario para la legítima defensa privilegiada que aplicaría en casos que involucren a dos o más personas. “Esto es especialmente problemático en el contexto de protestas, donde el uso de armas letales es altamente riesgoso”, expresó el representante.
Para ONU Derechos Humanos, lo propuesto también afectaría desproporcionadamente a individuos o grupos con menor acceso a recursos y asistencia legal, al entregar la carga de la prueba a las víctimas y familiares de casos donde se investigue un uso indebido de la fuerza.
La Oficina saludó la indicación presentada por el Poder Ejecutivo para suprimir del proyecto el artículo sobre legítima defensa privilegiada, y urgió a las autoridades a privilegiar el diálogo participativo en la discusión de la agenda de seguridad para el país.
“Lamentamos que un proyecto con tal impacto en los derechos humanos se tramitara de forma acelerada en la Cámara de Diputados, sin participación de especialistas independientes o de la sociedad civil. Alentamos al Senado a dedicar la atención necesaria a esta discusión y a escuchar a distintos actores, con miras a que el resultado sea compatible con las obligaciones internacionales de Chile en derechos humanos”, subrayó.
