La Comisión de Constitución de la Cámara aprobó y despachó la iniciativa que propone ampliar el plazo de detención para realizar expulsiones administrativas. Ante la instancia expuso la ministra del Interior, Carolina Tohá.
El grupo parlamentario inició el estudio del proyecto que modifica la Carta Fundamental, en materia de regulación migratoria (boletín 15438). La norma amplía el plazo de detención de 48 horas a 5 días para realizar la expulsión de un extranjero irregular en el país.
El texto plantea que el período de 48 horas no se considerará para efectos de materialización de expulsiones administrativas. En este caso, corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el que no podrá en todo caso exceder de cinco días corridos.
La ministra Tohá explicó que esta es una reforma habilitante para un proyecto de ley que ingresará próximamente, y que abrirá el debate de fondo. Agregó que cómo Ejecutivo respaldan la moción de origen en senadores, que se encuentra en segundo trámite constitucional con discusión inmediata.
Sobre el plazo de 48 horas actual, manifestó que no es posible ejecutar la medida porque es difícil obtener pasajes; conseguir a los funcionarios que los acompañarán; las visas en casos de escalas intermedias o la coordinación de viajes especiales a lugares aislados.
En tal sentido, consideró que los 5 días propuestos son suficientes. En caso de existir excepciones está el juez para determinar un mayor período de detención.
Finalmente, expresó que antes de la actual ley de migración existían menos requisitos para las expulsiones. Indicó que existe una lista de “20 mil personas expulsables” que se debe actualizar, considerando los que se fueron del país, fallecieron o están presos.
Tras el debate, la instancia acordó votar en general y particular la iniciativa, que tuvo un respaldo de 10 votos a favor y una abstención. El texto pasó a la Sala de la Cámara.
El diputado Jorge Alessandri (UDI) explicó que existe unanimidad en extender el plazo de detención. Ello porque muchas veces los migrantes tienen que desplazarse a Santiago para salir del país.
La diputada Pamela Jiles (PH) planteó sus dudas respecto de si la norma atenta o no contra las garantías constitucionales. También consultó la legislación comparada y los tratados internacionales y de defensa del migrante.
Por su parte, el diputado Miguel Ángel Calisto (IND) indicó que existen muchas discusiones aisladas sobre las facultades de control migratorio y pidió aclarar porque hay tantas órdenes de expulsión que no se concretan.
La ministra Tohá respondió que han respaldado varias mociones de control migratorio, porque no existe ningún proyecto misceláneo o integral de reforma. A su juicio, un proyecto así demora más, por lo que prefieren avanzar con pequeñas modificaciones.
Por su parte, el jefe de gabinete del director del Servicio Nacional de Migraciones, Nicolás Torrealba, se refirió a la situación de Italia. Explicó que allí se ampliaron los plazos con fines de expulsión, sin embargo se trata de otras realidades y contextos.
