Un reciente informe del Ministerio de Justicia sobre política penitenciaria registró un aumento de 47.000 a 49.500 internos entre febrero de 2023 y este mes de mayo y, según un informe de Gendarmería, los reos extranjeros ascendieron a 6.340 (12,8%) internos.
El aumento constatado, entre abril de 2019 y abril pasado, muestra que la cifra casi se duplicó respecto de los 3.449 reos de otros países (7,52%), según los reportes de la institución que recogió El Mercurio.
El teniente coronel Mario Benítez, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) sostuvo que «en algunas regiones del norte hay un 40% y un 30% de la población penal que es extranjera», lo que «tiene una significancia doble» para la institución.
Lo anterior, en primer lugar, porque «ha aumentado explosivamente el número de internos y eso tiene una importancia grande en la disponibilidad de plazas para los recintos penitenciarios». Benítez enfatizó que las cifras «son muy alarmantes» respecto al alto hacinamiento que ha sido ratificado por el ministro Luis Cordero, quien ha señalado que «en un corto período puede haber un colapso de las cárceles».
«En segundo lugar, no sabemos cuáles son los antecedentes penales previos o policiales de estas personas que son extranjeras, que ingresan de manera irregular al país, porque no tenemos sus antecedentes», sostuvo el líder de la Anop.
Por otro lado, apuntó que «no hay una coordinación con los países de origen» y que han «tenido antecedentes de que hay algunos internos vinculados a carteles del crimen organizado o de drogas», lo que «ha aumentado el nivel de violencia en las cárceles del país».
Gendarmería indicó que en 2023, la población extranjera privada de libertad es encabezada por los internos de nacionalidad colombiana (1.781), seguido por los de Bolivia (1.651), Venezuela (1.622), Perú (671) y República Dominicana (213).
Mientras, en la macrozona norte, se registra la mayor proporción de población de reos extranjeros respecto del total de encarcelados: la Región de Tarapacá está a la cabeza con 46,37%, seguida de Arica y Parinacota (33,61%), Antofagasta (30,77) y Atacama (17,3%).
El vicepresidente en Antofagasta de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), Marcelo Meneses, precisó que los habituales internos bolivianos tienen un bajo perfil, que en su mayoría están encarcelados como «burreros» por tráfico de drogas, al igual que en el caso de los peruanos.
«Pero ahora es una población mucho más conflictiva, con otro nivel de criminalidad y de extorsionar para conseguir las cosas», anota, agregando que de los reos colombianos y venezolanos que han ingresado por el país de manera indocumentada cuentan con «instrucción paramilitar».
Por otra parte, el cabo y presidente de la Anfup en la misma región, Felipe Mansilla, afirmó que «hay funcionarios a quienes han agredido en la calle y los han amenazado con armas», indicando también su desconocimiento sobre «cómo se consiguen las fotos de los funcionarios y además les mandan imágenes de sus casas y de los miembros de sus familias».
Fuente: Radio Cooperativa.
