El ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue el expositor principal en la presentación del informe insignia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): “Lidiar con la deuda: Menos riesgo para más crecimiento en América Latina y el Caribe”, organizado por la entidad en conjunto con la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. En la ocasión, la autoridad reafirmó el compromiso con estabilizar la deuda pública durante la actual administración, tema que espera sea parte del Pacto Fiscal que está buscando alcanzar el Gobierno.
Al respecto, Marcel comentó que durante la pandemia del Covid-19, todos los países aumentaron sus niveles de endeudamiento que, en el caso de Chile, se combinó con una política fiscal muy expansiva, lo que llevó a un inédito déficit cercano al 8% del PIB (Producto Interno Bruto) en 2021, lo que se revirtió en 2022 al cerrar con un superávit de 1,1%. No obstante, alertó que » tenemos que estar conscientes que acumulamos 15 años continuos de crecimiento de la deuda pública, incluyendo años buenos y malos en términos económicos».
Junto con el incremento de la deuda, en los últimos años creció la proporción de emisiones en moneda extranjera, y un mayor gasto en intereses.
«En el caso del sector público, llegamos a tener entre 2007 y 2008, pagos de intereses por debajo de US$ 500 millones anuales. Hoy estamos en cifras del orden de los US$ 3 mil millones. Este aumento es equivalente, por ejemplo, al costo que tendría subir la PGU a $250 mil. Por lo tanto, cuando hablamos del Pacto Fiscal, de cómo generar más espacio fiscal, el tema del gasto en intereses debería ser un componente importante y, de hecho, ha sido parte de la agenda que hemos estado compartiendo con distintos actores económicos, políticos y sociales», señaló.
Respecto a la evolución de la deuda pública, Marcel proyectó que la relación deuda/PIB se debería ubicar en el orden del 41% al final del período de Gobierno, cifra menor al actual promedio de América Latina que es de 71%.
«Debemos tener claro que reducir la tendencia al alza que hemos visto en los últimos 15 años no es simplemente un tema de disciplina fiscal o de políticas de las autoridades, sino que también de características más estructurales de las finanzas públicas. El gasto público ha tenido una tendencia creciente, mientras que los ingresos estructurales, si bien han crecido en algo, ha sido bastante menos. Esto refleja que Chile, como cualquier sociedad que se desarrolla, va requiriendo una mayor reacción del Estado. (…) Los países a medida que se desarrollan, que crece la clase media, tienen necesidad de mayores recursos y los ingresos fiscales tienen que ser capaces de acompañar esa tendencia. Entonces, cuando hablamos de Pacto Fiscal, no lo estamos haciendo como parte de una agenda de determinado sector político, tiene que ver con la realidad de un país que va avanzando, como ha ocurrido con nosotros», explicó.
Finalmente, destacó que la búsqueda de un Pacto Fiscal no es solo para subir impuestos, sino para concordar con distintos sectores en qué y cómo vamos a gastar y cuánto de eso va a poder aportarlo la eficiencia del sector público y cuánto el crecimiento económico. «Aunque no podemos perdernos porque los órdenes de magnitud son relevantes. Si uno cree que el crecimiento tiene que financiar el gasto fiscal, cabe señalar que 1 punto reporta mayores ingresos fiscales de aproximadamente US$ 600 millones. Entonces, para poder financiar el aumento de la PGU, la reducción de las listas de espera en hospitales, la Sala Cuna Universal, etcétera, lo que suman 2,5 puntos del PIB, tendríamos que crecer 12% más por año para poder llegar a esas cifras, lo que obviamente no es alcanzable. Entonces no hagamos política ficción y seamos realistas respecto de cuál es el mix que es alcanzable en materia de financiamiento fiscal», sentenció.
Fondo para Desastres Naturales
Durante su exposición, el ministro de Hacienda recordó algunas de las iniciativas que está impulsando el Ejecutivo orientadas a fortalecer el marco normativo y la institucionalidad fiscal. Una de ellas fueron las indicaciones presentadas al proyecto de ley sobre Responsabilidad Fiscal que se discute actualmente en el Congreso y que incluye, entre otros aspectos, la implementación de una regla dual, el fortalecimiento de las facultades del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y la creación de un Fondo para Desastres Naturales (Fonden).
Respecto a este último punto, Marcel señaló que, una vez aprobada la iniciativa, se espera constituir este Fondo con US$ 1.000 millones provenientes de ahorros por ingresos por litio. Esto, agregó, es parte de la estrategia de financiamiento para catástrofes que incluye también la reciente contratación de un seguro contra terremotos con el Banco Mundial. «Es importante que estemos preparados de antemano para evitar que un desastre natural se termine transformando en un desastre fiscal», remarcó.
