En América Latina y el Caribe según el informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), se evidencia un aumento importante de la cantidad de personas mayores a nivel global. En Chile han crecido las cifras de personas sobre los 60 años en XXXX. Desafortunadamente, estos índices de longevidad no han sido acompañados por un cambio en las políticas públicas que permitan generar espacios de mayor equidad e igualdad para este grupo de personas, al contrario, a nivel societal, día a día se alimentan diferentes tipos de prejuicios que fomentan las macro y micro discriminaciones hacia las personas mayores (como la infantilización/paternalismo, edadismo, asistencialismo, entre otras).
En 2015, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos para las Personas Mayores. Chile ratifica la Convención en septiembre del 2017 mediante la aprobación en el Congreso Nacional del Decreto de Ley 162, cuyos aspectos más destacados son el derecho a la independencia y autonomía, la participación e integración comunitaria, derecho al trabajo, a la seguridad social y el derecho a la vida y dignidad en la vejez.
Sumado a lo anterior, en el año 2021 la Organización Mundial de la Salud lanza el Plan para el Envejecimiento Saludable 2020-2030 con el objetivo de coordinar esfuerzos a nivel mundial para alcanzar el tan anhelado cambio de visión del envejecimiento y la vejez. Cambio que debe nacer desde la sociedad hacia las personas mayores, eliminando cualquier forma de discriminación y facilitando su inclusión en la vida comunitaria.
Piña (2016) respecto a “vejeces” explica desde un enfoque inclusivo y de derechos humanos, que cada sujeto transita esta etapa de una manera muy personal, con matices que vienen determinados por su contexto sociocultural, lo que difiere categóricamente de los estereotipos clásicos de las personas mayores, ya que no todas sufren de problemas de memoria, necesitan del uso de un bastón para desplazarse, o requieren de terceros para realizar actividades que son parte de su rutina diaria.
El gran desafío radica en llevar estas ideas al contexto social actual, ya que, aunque se ha reconocido la relevancia de este tema a nivel nacional e internacional, aún no se han propuesto medidas concretas que aborden las problemáticas que afectan a las personas mayores en sus comunidades. En tal sentido, el Estado debe adaptar y modernizar la institucionalidad e incorporar, a través de diversas y atingentes Políticas Públicas, los elementos necesarios para garantizar los Derechos de las personas mayores.
En conclusión, es fundamental que el cambio en la forma en que nos relacionamos y percibimos a las personas mayores se convierta en el eje central de estas políticas, valorando y respetando las diferentes etapas del desarrollo vital, así como la opinión de las personas mayores y su capacidad para tomar decisiones acerca de sus propias vidas.