Tras un nuevo Concejo Municipal Extraordinario y la aprobación de algunos concejales, se dio luz verde a la aprobación del trato directo por tres meses para continuar con el Servicio de Barrido y Limpieza de Calles en Quilpué. Debido a que se trató de la tercera instancia extraordinaria -último plazo para alcanzar un acuerdo-, el alcalde (s) Pablo Piñones lamentó que “hayamos tenido que llegar a estas circunstancias para sacar adelante un servicio tan importante para la ciudad”, y sostuvo que se evaluará elevar estos antecedentes a la Contraloría.
Fue durante repetidos concejos municipales en que algunos ediles manifestaron no estar de acuerdo con los plazos ni la empresa propuesta para realizar un trato directo para la limpieza de la ciudad, por lo que algunos exigieron disminuir el periodo o cambiar de empresa. Según lo indicó el Director Jurídico del municipio, Felipe Cornejo, esto amerita un pronunciamiento de la Contraloría al respecto.
«Debido al pronunciamiento de algunos concejales de rechazar un trato directo con una empresa por «falta de confianzas políticas» y manifestando que la empresa tenía antecedentes suficientes para desconfiar de ellas, basados en noticias de medios digitales, es que estudiaremos elevar los antecedentes a la Contraloría para que se pronuncie por la legalidad de sus fundamentaciones, basados en motivos ajenos a los requerimientos del municipio», indicó.
El jefe comunal subrogante subrayó la preocupación generada por las insistencias de los concejales en rechazar la propuesta municipal. Explicó que “esta insistencia de algunos concejales de generar un trato directo por tan solo tres meses es curiosa, porque genera un escenario ficticio para la administración pública en general. Debido a los distintos procedimientos establecidos en la Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, no es posible calzar cada paso y gestión en tres meses, ya que siempre toman, como mínimo, cuatro meses, según la experiencia propia de los funcionarios de carrera que han trabajo en esto desde hace décadas”.
Coincidió en esta preocupación la concejala Paula Castro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Medio Ambiente e Interculturalidad, que se encarga de revisar los antecedentes. Aseveró que “a pesar de la voluntad de los equipos para acortar los tiempos y la búsqueda de soluciones en los plazos apropiados, no se logró mover un centímetro la postura de algunos concejales. A pesar de los argumentos incluso jurídicos que establecen que estarían trasgrediendo algunas normas de reglamento de compras y libre competencia que debería darse en estas circunstancias. Esto no quiere decir que no se respeten las posturas por diversas razones, sino que frente a la responsabilidad que nos cabe de manera legal en la ley orgánica de municipalidades y reglamentos a los que debiéramos ceñirnos, esto no se ha respetado”.
Piñones se refirió, además, a las acusaciones por falta a la probidad que realizaron los concejales a los funcionarios detrás del proceso licitatorio. En concejo, ediles opositores sostuvieron que los mecanismos utilizados para llevar a cabo este proceso no se habrían apegado a la norma. Ante estas acusaciones, aseguró que “nos apena especialmente que se cuestione a los trabajadores del municipio detrás de estos esfuerzos. La probidad y ética profesional que han demostrado en todo este proceso es intachable, apegada a la norma y preocupada de otorgar a la ciudad el servicio que necesita, pero primó una pelea chica que no estamos dispuestos a seguir. Respaldamos a nuestros funcionarios y funcionarias, y no tengo dudas que seguirán trabajando por el bienestar integral de Quilpué”.
Cabe destacar que el servicio actual estará vigente hasta el 6 de julio y, con esta aprobación, funcionará inmediatamente después. Sin embargo, el concejo deberá volver a votar previamente si se prorrogará este trato para pasar posteriormente a la licitación.
