La Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó el articulado del proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas, e incorpora mecanismos eficientes de restitución.
El texto establece sanciones más estrictas al delito de usurpación de propiedades. Modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, amplía el período de flagrancia y facilita la detención de los ocupantes.
Durante la última jornada se recibió en audiencia al jefe de la Unidad Jurídica de la Fiscalía Nacional, Marcos Pastén; y al general en retiro de carabineros, Enrique Bassaletti.
El primero de ellos se refirió a la flagrancia en la comisión del delito y la restitución de los inmuebles. En tanto el exuniformado relevó la necesidad de aumentar y aclarar el tiempo de la flagrancia, ya que las policías necesitan certeza jurídica para que no existan dobles interpretaciones.
Indicaciones al proyecto de ocupaciones
Entre las indicaciones aprobadas por la comisión destaca el procedimiento administrativo para realizar la solicitud de restitución anticipada al tribunal, para recuperar el bien raíz. Se descartó la necesidad de establecer un plazo para celebrar la audiencia y la necesidad previa de recurrir a una demanda civil.
Asimismo, se aprobó la posibilidad de regularización de la pequeña propiedad raíz, siempre que se acredite que no existe juicio pendiente en su contra o sentencia condenatoria.
La instancia también respaldó que los directores de Serviu puedan deducir acciones y querellas respecto de ocupaciones o hechos constitutivos de delito, que se hayan cometido en el territorio de su competencia.
Además, estableció que no podrá ser detenida una persona que habite un inmueble que se encontrase ocupando, y que forme parte del registro nacional de campamentos del 2022.
El texto aprobado será informado a la sala por la diputada Gloria Naveillán (IND)
Entre los principales objetivos del texto está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito. Asimismo, permite, tanto durante la investigación del delito como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado. Adicionalmente, autoriza la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.
Igualmente, castiga con penas de presidio la celebración con engaño de compraventas o arrendamientos de sitio ocupado ilegalmente. Incorpora restricciones en las normas para regularizar la pequeña propiedad raíz, mientras exista juicio pendiente por usurpación.
Junto con ello, el texto modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para sancionar al ocupante ilegal que pretenda transferir el dominio de lotes de terrenos tomados.
