La implementación de inhibidores de señal de teléfonos en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1 ha desencadenado una serie de amenazas y preocupaciones entre las autoridades. La medida, destinada a evitar actividades delictivas desde el interior de la cárcel, ha generado reacciones adversas por parte de algunos internos organizados.
Según informes de Gendarmería, se han recibido amenazas de posibles ataques a las antenas inhibidoras desde el exterior del recinto, incluyendo la contratación de «sicarios» para disparar contra estos dispositivos. Asimismo, se han reportado presuntas amenazas de motines al interior del penal, con la intención de tomar como rehenes a abogados defensores.
Ante esta situación, los abogados han suspendido sus visitas al recinto hasta mediados de abril como medida de precaución. Además, la operación de los inhibidores de señal, programada inicialmente para el 19 de marzo, ha sido pospuesta debido a las amenazas detectadas, según lo constatado por Emol.
El Gobierno ha decidido tomar precauciones adicionales y ha ordenado un reforzamiento de la seguridad tanto dentro como en el perímetro del penal. El Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio del Interior, ha implementado medidas para garantizar la seguridad en la zona, aunque la fecha exacta de funcionamiento de las antenas no ha sido revelada por motivos de seguridad.
