El 27 de marzo se cumplieron dos años desde que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretó el Régimen de Excepción en el país con el objetivo de promover la detención masiva de personas supuestamente ligadas a pandillas.
En este marco, la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) presentó un informe alarmante que denuncia 240 muertes en cárceles durante ese período, con cerca de la mitad de las víctimas presentando indicios de tortura.
Desde que el gobierno comenzó a promover la detención masiva en marzo de 2022, se han registrado más de 75 mil detenidos. Según SJH, alrededor del 70% de estos detenidos fueron catalogados como «colaboradores de pandillas», mientras que aproximadamente un 35%, equivalente a unas 26 mil personas, serían inocentes detenidos de manera arbitraria. A pesar de estas cifras, el gobierno ha liberado gradualmente a unas 7 mil personas en este período, admitiendo parcialmente las denuncias de detenciones injustas.
La organización SJH, establecida en julio de 2022 como un Programa de Protección de Derechos Humanos de las Personas Detenidas Arbitrariamente, también informó sobre el registro de 240 casos de personas fallecidas en instituciones penitenciarias durante estos dos años, incluyendo dos bebés hijos de internas fallecidos en prisión. El gobierno salvadoreño, sin embargo, ha reivindicado el éxito del Régimen de Excepción, destacando que se ha logrado dejar en prisión al 75% de los pandilleros estimados en el país.
A pesar de las denuncias y críticas, el presidente Bukele reiteró su apoyo a las medidas implementadas, afirmando en sus redes sociales que «hacen todo lo posible para que volvamos al pasado» y destacando el marcado descenso en la cantidad de homicidios registrados durante su mandato.
Aunque las cifras oficiales muestran una baja significativa en la tasa de crímenes, persisten las preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y el uso de la fuerza estatal en El Salvador.
