La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazara la orden de no innovar presentada por vecinos, lo que dejó vía libre a la demolición. El Serviu adjudicó el contrato a la firma Río Grande SpA por $131,25 millones, que estará a cargo de las faenas esta semana.
El proceso se iniciará el lunes con un operativo en que participarán el Servicio de Migraciones y la PDI. Según indicó el delegado presidencial Yanino Riquelme, será para «verificar la situación migratoria de quienes habitan este lugar».
El martes 30 ingresará la maquinaria para el desarme físico, que se ejecutará por sectores, considerando la topografía y densidad de las construcciones irregulares. Se estima que la demolición demorará dos días, tras lo cual el terreno será devuelto a los propietarios y se instalará un cierre perimetral.
Finalmente, en la toma Calicheros habitan cerca de 130 familias, en un predio que se volvió emblemático tras el asesinato en 2020 de Alejandro Correa, quien había denunciado públicamente la usurpación de sus terrenos.
