La Fundación Fuerza Ciudadana, encabezada por el abogado Raimundo Palamara, informó que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a tramitación la denuncia presentada en contra del ministro de Justicia, Luis Cordero, por los delitos de omisión de denuncia y complicidad en fraude al fisco en el marco del caso de la falsa exonerada Bernarda Vera.
De acuerdo a lo planteado por la organización, el ministro Cordero habría estado en conocimiento hace meses con antecedentes sobre la situación de Vera, quien aparece en los registros oficiales como exonerada desaparecida política y beneficiaria de una pensión, a pesar de encontrarse con vida y residiendo en Argentina. Según se ha denunciado, el secretario de Estado no habría adoptado ninguna medida para esclarecer ni corregir esta irregularidad, lo que podría configurarse en omisión de denuncia y eventual complicidad.
El caso de Bernarda Vera se hizo público tras conocerse que su nombre figuraba en los listados de exonerados políticos, lo que le permitió acceder a una pensión del Estado chileno. Sin embargo, una investigación periodística reveló que la mujer vive fuera del país, lo que abrió un debate respecto a la fiscalización de estos beneficios y posibles fraudes en su otorgamiento.
“Estamos frente a un caso grave de fraude al fisco. La omisión de denuncia por parte de quienes tenían conocimiento de estos hechos no puede quedar impune. Este caso podría ser la punta del iceberg de muchos otros que también deberían investigarse, y que incluso podrían estar en conocimiento de las autoridades, sin que hasta ahora se haya hecho nada. Es inaceptable que pese a toda la información recabada, se anuncie que las pensiones se seguirán pagando de todas formas”, indicó Raimundo Palamara, abogado y líder de la Fundación Fuerza Ciudadana.
El abogado Palamara sostuvo que la denuncia busca que se investigue no solo la responsabilidad de Bernarda Vera, sino también la de otros posibles beneficiarios que se encuentren en situaciones similares, además de la eventual falta de diligencia de las autoridades competentes.
Con esta decisión judicial de acoger la denuncia a tramitación, se abre la posibilidad de que el Ministerio Público profundice en la investigación para determinar eventuales responsabilidades tanto de la beneficiaria como de quienes, teniendo información, no actuaron para detener el perjuicio al Estado.
