La Sala de la Cámara de Diputados despachó esta jornada el proyecto que prohíbe y regula el uso de dispositivos digitales, como celulares, en establecimientos educacionales a lo largo del país.
Tras aprobar los cambios del Senado, uno de los cuales fue el reemplazo del concepto de medios tecnológicos de telefonía móvil por ‘dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal’, la iniciativa quedó en condiciones de pasar al Ejecutivo a fase de promulgación como ley.
De este modo, el texto prohíbe el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en los establecimientos educacionales que imparten educación básica y media.
Sin embargo, se establecen ciertas excepciones, para autorizar su uso en determinadas situaciones, tal como el caso en que el estudiante presente necesidades educativas especiales, donde el uso de estos dispositivos móviles se considera como una ayuda técnica al servicio de sus aprendizajes. El hecho deberá acreditarse a través de un certificado de un profesional competente.
Además, en caso de emergencia, desastre o catástrofe; si el alumnos presenta una enfermedad o condición de salud, diagnosticada por un médico, que requiera monitoreo periódico a través de dispositivos móviles; Cuando la utilización de estos dispositivos móviles sea útil para la enseñanza en función de la actividad curricular o extracurricular en educación básica o media; y en casos de que el apoderado lo solicite fundadamente y de forma temporal, solo por razones de seguridad personal o familiar del estudiante.
Estas excepciones relacionadas a actividades curriculares y la última mencionada, deberán ser autorizadas por el director del establecimiento.
Por otro lado, el proyecto define que corresponderá a la Superintendencia de Educación, a través de sus instructivos, materializar la prohibición. Para esto considerará mecanismos, condiciones y consecuencias aplicables al uso de dispositivos móviles.
La prohibición se aplicará durante actividades curriculares dentro de la sala de clases y se extenderá a todos los integrantes de la comunidad educativa. Asimismo, la medida de prohibición se aplicará desde el inicio del año escolar 2026. De este modo, se fija como plazo hasta el 30 de junio para actualizar los reglamentos internos.
Finalmente, se establece que, en 2030, el Ministerio de Educación (Mineduc) entregará una evaluación de la medida.
