El Gobierno anuncio que expropiará parte del terreno de la denominada Megatoma de San Antonio, para dar una solución habitacional a las familias que residen en el campamento Centinela.
Son 100 hectáreas de las 215 que constituyen en total del terreno, los que se arrogará el Ejecutivo, con la idea de construir un proyecto habitacional, que fue inciativa de las cooperativas de vivienda que hay en la zona.
Así, el plan del Gobierno consiste en dos fases. La primera radica en cumplir con el desalojo, comenzando por las áreas que no están contempladas en las hectáreas a expropiar. La municipalidad, explicaron en Palacio, deberá disponer de albergues para las familias.
La segunda corresponde a la expropiación. Argumentando la medida, el Gobierno dio cuenta de que intentó llegar a un acuerdo de compra con los propietarios del predio, por medio de una comisión técnica que trabajo por seis meses. No obstante, reparó que «el precio solicitado estaba sobre el precio del mercado».
En una vocería en el set de prensa de Palacio y flanqueado por la ministra de Segegob, Camila Vallejo, y de Interior, Álvaro Elizalde, el titular de Vivienda, Carlos Montes, aseveró que «estamos hablando de cuatro mil familias en donde hay más de tres mil niños. Por esta realidad tan particular que no existe en ninguna otra parte del territorio nacional, es que un desalojo de estas dimensiones sin un plan integral que lo acompañe podrá generar una grave crisis humanitaria, afectando el funcionamiento de una ciudad entera y poniendo en riesgo a muchas personas».
Apuntando al intento de compra, el ministro indicó que «lamentablemente esas conversaciones no han generado un acuerdo con los dueños, debido al precio, a nuestro juicio, exorbitante del metro cuadrado que exigieron en la negociación. Llegado a este punto hemos tomado la decisión de impulsar un proyecto habitacional».
En esa línea, explicó que «el Estado adquirirá el terreno y los pobladores colaborarán en el financiamiento de la urbanización, manteniendo el principio de corresponsabilidad. Ellos ya tienen, las familias ya tienen una parte de este ahorro acumulado».
A su vez, Elizalde reforzó que debido a que «el precio solicitado estaba por sobre el precio de mercado, se ha tomado la decisión de utilizar esta herramienta en confiere nuestro ordenamiento jurídico, y que ha sido utilizado por muchos gobiernos para resolver desafíos y problemas en materia de necesidades sociales».
