La paralización del proyecto de reconstrucción de viviendas siniestradas por el megaincendio de 2024 en El Olivar ha generado múltiples polémicas, con un tenso ambiente al interior del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), protagonizado por desconfianzas y acusaciones cruzadas, que hablan de presiones, engaños y falsificaciones.
La discusión sobre si se siguieron los conductos regulares para la paralización incluso llevó al anuncio de una querella en contra del recientemente asumido ministro Iván Poduje, basada en cuestionamientos sobre la resolución emitida el pasado 9 de abril, que ordenó la paralización del proyecto y el posterior término de los contratos.
Una de las principales acusaciones, se basa en que la resolución que ordenó la paralización utiliza como uno de los sustentos la decisión, el hecho de que los fiscalizadores técnicos de obra habrían firmado informes que daban cuenta de “graves fallas constructivas”, cuando esto no sería así, además de presuntas presiones a los propios fiscalizadores para firmar. Esto forma parte de los antecedentes que utilizará la abogada Erika Maira Bravo, en representación de la entidad patrocinante Social Arquitectura, mediador entre los propietarios y la constructora San Sebastián.
Los documentos, resumen los principales descubrimientos de otros informes realizados tanto por la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC) del MINVU como por el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile (IDIEM).
