Tras una extensa jornada que se prolongó hasta la madrugada de este jueves, la Sala del Senado despachó en segundo trámite constitucional el proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno, dejando la iniciativa en condiciones de iniciar su tercer trámite en la Cámara de Diputados.
Durante la sesión, la Cámara Alta aprobó los principales pilares de la reforma, entre ellos la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría desde el actual 27% hasta un 23%, la reintegración del sistema tributario, el nuevo régimen de invariabilidad tributaria para inversiones, la exención del pago de contribuciones para adultos mayores propietarios de su primera vivienda, el crédito al empleo y la norma que establece un mecanismo de indemnización para inversionistas cuyas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) sean anuladas por los tribunales.
Entre ellas, aprobó por 25 votos a favor, 23 en contra y una abstención la denominada norma de «derecho al olvido financiero», impulsada por la senadora Daniella Cicardini (PS) y el diputado Daniel Manouchehri (PS), que obliga a eliminar de los registros financieros las deudas prescritas o extinguidas de personas naturales una vez transcurridos cinco años.
Asimismo, la Sala aprobó por 29 votos a favor, 19 en contra y dos abstenciones una disposición que fortalece el pago a 30 días por parte del Estado a las pequeñas y medianas empresas. No obstante, durante la discusión el Ejecutivo formuló reserva de constitucionalidad respecto de dicha norma, anticipando reparos sobre su constitucionalidad.
Otro de los artículos que concentró debate fue la eliminación de la disposición sobre sala cuna universal, incorporada durante el primer trámite en la Cámara de Diputados por iniciativa del Frente Amplio. Finalmente, el Senado aprobó su supresión por 26 votos a favor y 24 en contra, descartando que esa materia permaneciera dentro del proyecto de Reconstrucción.
Con el despacho desde la Cámara Alta, la iniciativa regresará ahora a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional, donde los parlamentarios deberán pronunciarse sobre todas las modificaciones introducidas por el Senado.
