La Contraloría Regional de Arica y Parinacota inició un sumario en el Servicio de Salud y en la Delegación Presidencial Regional de esa región, al detectar una serie de irregularidades en el almacenamiento, traslado, inutilización, así como las medidas de seguridad de contenedores del precursor químico acetato de etilo, incautado en el Puerto de Arica en 2022 y que debieron ser trasladados a una planta en la Región de Antofagasta.
De acuerdo con la investigación, en 2022 una operación coordinada entre la Policía de Investigaciones de Chile y la Dirección Regional de Aduanas de Arica, se incautaron 41 contenedores en tránsito hacia Bolivia que contenían mercancías declaradas como precursores químicos y permanecían rezagados desde 2020, en el Puerto de Arica. Debido a su alta inflamabilidad y volatilidad, dicha carga representaba riesgos significativos para la salud de las personas y el medio ambiente.
Así, uno de los primeros hallazgos de la Contraloría advierte que no se pudo establecer que el Servicio de Salud Arica y Parinacota haya remitido a la Fiscalía Local de Alto Hospicio el protocolo del análisis químico de esa sustancia, lo que permitía no solo identificarla, sino que detallar su naturaleza, contenido, composición y grado de pureza. Tampoco envió un informe acerca de los componentes tóxicos y sicoactivos asociados, los efectos que produzca y la peligrosidad que revista para la salud pública. Esto, de acuerdo con la Ley N° 20.000.
Las indagaciones de la Contraloría tuvieron varios hitos, incluyendo una fiscalización en terreno durante octubre del año pasado. Así, en su informe final N°723, la CGR dio cuenta que en julio de 2025 aún permanecían en el terminal portuario 36 contenedores con acetato de etilo envasado en tambores de 200 litros. Según lo acordado en una mesa técnica interinstitucional, a cargo del Servicio de Salud de Arica y Parinacota, estos debían ser trasladados a su disposición final a una planta en la Región de Antofagasta. Dicho traslado se concretaría mediante un proceso de compra por trato directo a cargo de la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota.
Al respecto, la Contraloría advirtió que la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota no controló la ejecución ni el cumplimiento de ese plan de trabajo, así como la falta de información y coordinación entre los servicios públicos. En este mismo contexto, se observó una demora en la formalización de la contratación de la empresa a cargo y la solicitud de financiamiento e incumplimientos de la ley N°19.886, por parte de la Delegación Presidencial.
Además, las empresas que participaron en el traslado y en el inicio del tratamiento del acetato de etilo en Antofagasta no se encuentran inscritas en el Registro Especial de Usuarios de Sustancias Químicas Controladas, administrado por el Ministerio del Interior.
Por otro lado, se detectaron incumplimientos en el transporte de la sustancia desde el Puerto de Arica a la Región de Antofagasta y que la planta de la empresa contratada no contaba con la resolución sanitaria que la habilite para procesar el acetato de etilo ni con las medidas de seguridad necesarias para el almacenamiento de esta sustancia. Tampoco tiene bodegas adecuadas para el almacenamiento de sustancias peligrosas.
Se advirtió la falta de comunicación y coordinación de la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota con los servicios involucrados, verificándose que las autoridades de la Región de Antofagasta se enteraron del traslado del cargamento de acetato de etilo a través de publicaciones de prensa.
La Contraloría remitió este Informe Final a la Subsecretaría del Interior, para que, en el ámbito de sus competencias, evalúe la infracción a la Ley N°20.000 y del decreto N°1.358, de 2006, de esa subsecretaría.
Actualmente, la Contraloría Regional de Arica y Parinacota se encuentra efectuando una segunda investigación especial, destinada a verificar el proceso de traslado, destrucción y disposición final del cargamento de acetato de etilo almacenado en el Puerto de Arica, en el marco de la contratación aprobada mediante la resolución N°3, de 2026, de la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota. Esta nueva fiscalización examinará la correcta ejecución del servicio y el cumplimiento de las exigencias técnicas y jurídicas aplicables, cuyos resultados serán informados oportunamente.
