Un recorte de cerca de $28 mil millones, en términos reales, contempla el proyecto de Presupuesto 2027 para la Ley Ricarte Soto, equivalente a una disminución de alrededor de 14% respecto de los recursos considerados para este año.
Esto ocurre mientras, en paralelo, avanza en el Congreso una iniciativa que busca aumentar el financiamiento permanente para tratamientos de alto costo.
De acuerdo con los antecedentes de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo —asociado a la Ley Ricarte Soto— pasaría de $189.696 millones en 2026 a $166.951 millones en 2027.
La diferencia entre ambos montos es de $22.745 millones. Sin embargo, al considerar el efecto de la inflación y comparar cuánto valen realmente esos recursos, la disminución llega a cerca de $28 mil millones, lo que representa una caída aproximada de 14% en términos reales.
La Ley Ricarte Soto creó un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo. Su cobertura se determina mediante decreto y contempla las prestaciones garantizadas para los distintos problemas de salud incluidos en el sistema.
La reducción contemplada en el Presupuesto 2027 ocurre mientras en el Congreso se discute una reforma a la Ley Ricarte Soto que busca aumentar los recursos disponibles para este tipo de tratamientos.
