Tras conocerse el peritaje encargado por el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso. El informe concluyó que las principales anomalías detectadas en los proyectos correspondían al diseño, cálculo estructural y formulación aprobados por el Serviu, y no a la ejecución material de las obras por parte de la constructora San Sebastián.
Pese a que el documento también sostuvo que las observaciones relacionadas con procesos constructivos eran subsanables. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha cuestionado estas conclusiones y ha mantenido su postura de que las viviendas deben ser demolidas, argumentando que no se ha acreditado su seguridad.
Érika Maira, abogada de la entidad patrocinante Social Arquitectura –que también fue removida de las obras de reconstrucción por el ministro Iván Poduje–, sostuvo que el peritaje respalda la tesis de que las fallas pueden corregirse y cuestionó que los trabajos lleven siete meses paralizados. Además, denunció que se estarían ejecutando «demoliciones encubiertas», motivo por el cual pidió la intervención directa del Presidente José Antonio Kast para destrabar el conflicto.
