La Contraloría General de la República dio un plazo de diez días hábiles a la Superintendencia de Pensiones para que informe sobre las medidas de fiscalización y control aplicadas a las AFP, en medio de la controversia por las millonarias pérdidas registradas en el Fondo E.
La solicitud responde a un oficio presentado por parlamentarios de la bancada DC, FRVS e Independientes, quienes buscan esclarecer si el organismo fiscalizador adoptó medidas oportunas para supervisar las decisiones de inversión de las administradoras y prevenir eventuales riesgos para los ahorros previsionales.
En su respuesta, Contraloría solicitó a la Superintendencia que “se sirva responder en el plazo de diez días hábiles lo solicitado en el oficio de fiscalización, remitiendo todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación”.
La controversia llevó a la Superintendencia de Pensiones a iniciar procedimientos sancionatorios contra las siete AFP, con el objetivo de determinar eventuales incumplimientos de sus obligaciones en la administración de los recursos.
