De éstos, 149 de los trabajadores pertenecen a gobiernos locales y 166, al gobierno central. 73 condenas son por crímenes y 244 corresponden a simples delitos.
La Contraloría General de la República, detectó la existencia de 315 funcionarios o servidores públicos condenados vigentes por crimen o simple delito que están trabajando actualmente en el Estado, según se dio a conocer en un nuevo Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°29.
De esta forma, se está incumpliendo la prohibición expresa para continuar ejerciendo un cargo público, establecido en el artículo 54 letra c) de la Ley N°18.575.
Se advirtió de la existencia de 315 funcionarios y servidores públicos que están asociados a 317 registros de condena (ya que dos tienen más de una condena). De ellos, 149 trabajan para el gobierno local y 166, lo hacen en el gobierno central.
En cuanto a los servicios con mayor de personas condenadas que trabajan en el Estado, figura que 84 funcionarios pertenecen a Carabineros de Chile; 22 al Ejército de Chile; 8 a la Armada de Chile; 6 a la Municipalidad de Valdivia; 5 a la Fuerza Aérea de Chile; 4 a la Municipalidad de Hualpén; 4 a la Municipalidad de Tierra Amarilla; 4 a la Municipalidad de Chillán; 4 a la Municipalidad de Puerto Montt; y 3 a la Municipalidad de Tocopilla.
Respecto de la gravedad de los delitos, 73 personas están condenadas por crímenes y 244 condenas por simples delitos.
En concreto, 41 condenas corresponden a delitos contemplados en el Título V, del Libro II, del Código Penal, de los crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos, representando un 13% del universo.
Frente a estos hallazgos, la Contraloría ordenó a las entidades involucradas iniciar las investigaciones pertinentes y determinar eventuales responsabilidades administrativas por la posible omisión de informar la condena al jefe de servicio e iniciar el procedimiento para aplicar la inhabilidad sobreviniente para seguir ejerciendo un cargo público.
Deberán informar si las condenas han sido oportunamente evaluadas y ponderadas en los procesos de calificaciones, de acuerdo con los criterios de comportamiento social y probidad funcionaria.



















