Un acabado informe acerca de los distintos hechos que han afectado los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país, tras la crisis social del 18 de octubre entregó la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, a la comisión especializada del Senado encargada de tramitar asuntos relacionados con menores.
La profesional, quien también concurrió a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta para explicar los efectos de los gases lacrimógenos en menores, entregó a los senadores un informe elaborado por la Defensoría de la Niñez donde se detalla la afectación de derechos de menores desde la crisis de octubre.
En ese sentido, señaló que ha existido violencia policial ejercida contra grupos de niños vulnerables o estudiantes secundarios que han sido víctimas de la represión policial y dijo que “se ha develado la incapacidad que ha tenido el Estado de generar espacios de participación efectiva que permita canalizar las demandas”.
Agregó que “desde el 18 de octubre se hicieron diversas acciones de coordinación interinstitucional; acciones de promoción y conocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes; y también se vieron denuncias concretas y específicas de vulneración de derechos humanos”.
Señaló que al 28 de noviembre de 2019 eran 374 casos en los que se pidió la intervención de la Defensoría de la Niñez directamente. De ellos 223 son entre el 1 y 28 de noviembre y 151 entre el 18 de octubre y el 31 de octubre, informándose de todos los casos al Instituto Nacional de Derechos Humanos.
La defensora de la niñez dijo que el 93% de los casos son de niños chilenos y que también hay 3 niños colombianos y 1 peruano. “Hay 11 niños víctimas de lesiones por bala, 56 heridos por perdigón o balín, 6 con trauma ocular, 176 con lesiones físicas, 5 con otro tipo de lesiones relacionadas al maltrato, 50 sin lesiones y 70 sin información”, explicó Patricia Muñoz.
Agregó que de los 374 casos, solo un44% corresponde a niños, niñas y adolescentes que han participado en marchas o manifestaciones, el resto de los casos, se trata de situaciones de cotidianeidad. Asimismo, un 46% son menores vinculados al Sename por protección o por responsabilidad penal adolescente.
La defensora explicó que en el informe se da cuenta de 10 casos ilustrativos de los patrones de abusos policiales, por lo que planteó que “se amerita una reforma estructural que tiene que ver con la cultura institucional de Carabineros”
Asimismo, señaló que la defensoría pidió información al Ministerio de Desarrollo Social respecto de los 547 niños que están en situación de calle y ha estado recopilando antecedentes para tener información consolidada.
Consultada respecto de los menores que están en el Sename, dijo que “la situación que enfrentan los niños que están en el Sename es crítica. Ha tenido algunos avances con las nuevas residencias, pero el tema de salud mental es clave porque los niños tienen problemas y sintomatología asociados a depresión o angustia, pero también consumen alcohol y drogas”.
(Fuente: Senado).
