En el contexto de una visita del ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, a la Región del Biobío el jueves de la semana pasada, desde la cartera instruyeron el desalojo de José Luis Padilla y su grupo familiar desde el terreno en el que construyó su hogar hace más de tres décadas en la comuna de Concepción.
Esta orden fue ejecutada a petición de la Secretaría Regional Ministerial del Biobío, desde donde se indicó que el terreno pertenecería al Estado desde 1989, pero que, sin embargo, es habitado por Julio Padilla y su familia desde 1992, quienes están postulando al subsidio de arriendo.
Frente a éste y otros desalojos llevados a cabo durante la pandemia, un grupo de académicos y expertos en temas urbanos emitió una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto, señalan en la misiva, “con el objeto de que se requiera al Estado de Chile toda la información pertinente a la ejecución de desalojos de personas desde propiedad fiscal, desahucios ejecutados durante plena pandemia por coronavirus, con el objeto de liberar suelo público para el desarrollo de otro tipo de inversiones que no guardan relación con los ocupantes desalojados”.
En el escrito se señala que la idea es establecer “la normativa y protocolos utilizados para implementar los desalojos en el marco de las medidas sanitarias, indicando la certificación de aplicación de test PCR a las personas desalojadas, informando si han existido relocalizaciones y los lugares en caso de que se indique la existencia de un política de relocalización, y, en especial, que se indique de qué manera esta política de Estado facilita el éxito del distanciamiento social como medida para reducir el avance del coronavirus entre la población de Chile”.
Frente a este escenario, los expertos plantean la sospecha de que estos desalojos podrían haberse efectuado “ante el interés de alguna empresa inmobiliaria“.
En el escrito añaden que “nos inquieta que ante el interés de alguna empresa inmobiliaria por un terreno ocupado por un campamento, el Estado decida desalojar para que se desarrollen actividades económicas, más aun considerando que según el ministro de Bienes Nacionales, la reactivación en áreas urbanas dependerá en gran parte del desarrollo inmobiliario”.
Con la finalidad de argumentar esta postura, en la carta mencionanlas palabras del ministro Julio Isamit, quien ha planteado que el plan de reactivación con fines inmobiliarios se enfocará en el sector norte de Chile, en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. “A partir de nuestros datos, identificamos la existencia de más de 41.000 personas para 12.050 hogares viviendo en asentamientos informales sobre terrenos fiscales en zonas urbanas de alta vulnerabilidad y ciertamente expuestos a posibles desalojos dependiendo de los objetivos económicos del gobierno y del mismo sector inmobiliario“, sostienen los expertos.
Por último, en la carta señalan que “ante la evidencia de tan preocupantes hechos, solicitamos un pronunciamiento de la CIDH donde se recomiende al Estado chileno deponer todo ejercicio de desalojo en el contexto actual de pandemia con énfasis en dar certeza a las personas que forzosamente han tenido que ocupar terrenos fiscales para obtener refugio del medio y que se establezca un protocolo apropiado al resguardo de los derechos humanos suscritos por el Estado”.
La misiva está firmada por Francisco Vergara Perucich, director del Centro de Producción del Espacio; Carlos Aguirre Nuñez, director de la Escuela de Construcción de la Universidad de las Américas; Juan Correa Parra, investigador del Centro Producción del Espacio; y Karinna Fernández, abogada de Derechos Humanos.
A continuación, la carta:
