Una funcionaria del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) sería una de las personas indagadas por el caso de los cerca de 200 menores de nacionalidad haitiana que ingresaron al país en 2025 y cuyo paradero se desconoce.
El fiscal metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, encabezó la conformación de una fuerza de tareas con grupos de la Policía de Investigaciones (PDI), entre ellas la Jefatura Nacional de Extranjería y Nacional, y las brigadas especializadas de Trata de Personas y de Delitos Económicos y Lavado de Activos.
La investigación penal por ahora está enfocada en eventuales delitos de cohecho o trata de personas, entre otros, ya que las primeras diligencias apuntan al rol de funcionarios públicos en la intervención de trámites de autorizaciones migratorias.
Un documento al que accedió el citado medio incluye una denuncia anónima contra una mujer que habría recibido pagos a cambio de asesorías irregulares a haitianos.
La denuncia recibida por el Ministerio Público es «con reserva de identidad, relacionada con eventuales faltas a la probidad por parte de una funcionaria que se desempeña en el Sermig, la cual prestaría asesorías irregulares a personas de nacionalidad haitiana, las que conducirían a la entrega de documentos migratorios por una contraprestación monetaria».
La fiscalía también cuestiona el acceso a plataformas para tramitar solicitudes de migrantes como el B-3000 y Simple del Sermig. Así, se detallan anomalías como la falta de coordinación y el fácil acceso al sistema y a todas las etapas de procesos migratorios.
